Unión General de Trabajadores del País Valenciano

Por Ismael Sáez Vaquero, Secretario General UGT-PV

Quiero aclarar que nos referimos al tamaño del Estado, sobre otras cuestiones de carácter más subjetivo nada que opinar. El presente artículo viene a cuento de otro suscrito por el economista Juan Ramón Rallo, pero lo podía haber firmado cualquier otro de los que defienden posiciones similares, aunque quiero reconocerle a este autor una sinceridad y honradez en la defensa de sus posiciones que no soy capaz de reconocer en muchos de los de su misma cuerda.

En dicho artículo se habla de “sablazo fiscal a los españoles,” porque para recaudar los 66.000 millones de euros que, dice el autor, requiere el programa electoral del partido en el Gobierno no es posible subir los impuestos solo a los ricos, sino que también se debe aplicar a las “clases medias.” El razonamiento es pura matemática y, en efecto, la carga impositiva debe ir más allá si se quieren recaudar esos 66.000 millones. Ahora bien, ¿es correcto hablar de sablazo sin considerar lo que se pretende hacer con esos ingresos? A mi parecer, no.

Si se complementan las pensiones públicas hasta donde no alcancen las cotizaciones, si se reducen las listas de espera de los dependientes que necesitan lo que la ley les reconoce como derecho, si se eliminan los copagos, si se mejora la sanidad y la educación públicas, si se acometen inversiones en infraestructuras, fomento de la innovación empresarial o apoyo a la inversión productiva, entonces no hay sablazo a las clases medias; sino redistribución de la renta y asunción por parte del Estado de su papel como impulsor de la actividad económica.

Frente a esa píldora edulcorada de “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos” y que pretende como objetivo bajadas de impuestos o supresiones como el de sucesiones y donaciones o el de patrimonio, los ciudadanos deben saber que los impuestos que alguien deja de pagar los acaban pagando quienes necesitan del Estado para que les provea de los servicios esenciales como educación, sanidad, dependencia o pensiones. Porque la mayoría no poseen recursos en sus bolsillos, por mucho que se bajen los impuestos, para comprarse la medicación de la hepatitis C, ni para ser atendidos frente a graves enfermedades o accidentes, ni para garantizar a sus hijos una educación superior de calidad. Cada euro que se deja de ingresar con esta “revolución” fiscal se transfiere en costes a las capas de la sociedad más desfavorecida.

El “gurú” económico del Partido Popular calificó de impuesto diferido a las empresas el aumento del S.M.I. a 900€, pero curiosamente no ve como impuesto diferido que pagarán gran parte de los españoles su propuesta de rebaja fiscal a los que perciben más renta, a los que reciben más altas donaciones u obtienen herencias más cuantiosas. Es sorprendente como a la supresión de la progresividad fiscal y al incremento de los bolsillos más opulentos se les llama revolución cuando es pura involución, es decir: retroceso.

La famosa curva de Laffer tiene su lógica, pero nuestra fiscalidad está muy lejos de llegar al punto en el que un aumento de la presión fiscal reduce la recaudación, baste el dato de que estamos 7 puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno, pero quizás el dato más clarificador es la política que en esta materia llevó a cabo el Presidente Rajoy que, acuciado por el déficit y las exigencias europeas, aumentó considerablemente todos los impuestos y “oh milagro” aumentó la recaudación.

De manera que el tamaño del Estado sí que importa, él mide la solidaridad y la fraternidad de un país, pero también la capacidad de que la voluntad democrática de sus ciudadanos se vea reflejada en la política.

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