Tras reunirse ayer el patronato de la Fundación TAL, se ha  constatado el riesgo de continuidad de la Fundación dada la falta de liquidez actual.

El TAL, organismo que siempre ha estado bajo la presidencia de la Generalitat Valenciana, representa en el ámbito autonómico el sistema de solución autónoma de conflictos laborales colectivos mediante procedimientos de mediación y arbitraje.

El TAL juega un papel relevante en las relaciones laborales y en el desarrollo de la negociación colectiva y supone una alternativa a la vía judicial, ya que viene a solucionar de manera rápida, negociada y satisfactoria  el conflicto laboral entre las  empresas y trabajadores y trabajadoras,  garantizando siempre los principios de igualdad, audiencia, contradicción e imparcialidad entre las partes en conflicto.

De hecho,  solo en el pasado 2014 el TAL ha mediado en un total de 332 conflictos entre los agentes económicos y sociales, de los que 82 eran procedimientos con convocatoria de huelga, 241 procedimientos generados por interpretación y aplicación de normas, y nueve por el bloqueo en la negociación de temas diversos. Con todo y solo en 2014, la actividad mediadora del TAL contribuyó a la desconvocatoria de 20 huelgas en el ámbito autonómico con lo que ello implica de menor impacto socio laboral y económico en cuanto a jornadas de trabajo perdidas.

Pero esta labor, de gran interés puede verse interrumpida por la falta de liquidez de la GVA a pesar de que el TAL tiene consignados para el 2015 en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, un importe de 650.000 que por el momento no se han hecho se han hecho efectivos para la financiación de los gastos de funcionamiento.
 “Consideramos la Generalitat tiene que actuar  con carácter de urgencia, para evitar que se ponga en riesgo la continuidad de este servicio público en funcionamiento desde 1997. Su desaparición provocaría graves consecuencias  para empresas y trabajadores que perjudicaría la paz laboral y  la negociación permanente entre las partes, dificultaría gravemente el ejercicio de derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva o el derecho a huelga, dilatando e incrementando  procesos judiciales, para unos tribunales de justicia, ya por sí bastante colapsados, todo ello sin contar con el coste económico añadido tanto para empresas, y trabajadores como para las arcas públicas” señala Marisa Baena, Secretaria de Acción Sindical de UGT-PV y miembro del patronato del TAL.