TEXTO COMPLETO COMPARECENCIA DE UGT-PV EN LA COMISIÓN POR LA RECUPERACIÓN.
La crisis actual difiere en mucho de la que padecimos en el 2008, en sus orígenes y en las decisiones para su superación. El crédito barato y sin garantías, la titulación de las hipotecas incorporadas a fondos de inversión con nombres rimbombantes produjeron una burbuja de crédito e inmobiliaria que, cuando estalló se llevó por delante el sector financiero y secó al inmobiliario con grave afectación en nuestro país. Se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo, gran parte de ellos indefinidos.
La falta de reacción del BCE y el falseamiento de las cuentas públicas en Grecia desataron las primas de riesgo y pusieron en peligro la pervivencia del euro.
La receta fue la intervención de facto de las cuentas públicas de los países rescatados. Exigiendo recortes en el gasto que deprimieron aún más la economía y deterioraron los servicios públicos esenciales.
No se vislumbraba en el horizonte una pronta recuperación, máxime con esas recetas pro cíclicas, por lo que la solución puesta en marcha ahora, merced al diálogo social entre patronal y sindicatos más representativos, de los ERTE,s era inviable. Muy al contrario, entonces se impuso una reforma laboral que ignoró el acuerdo previo entre CEOE, UGT y CCOO, que quiso sustituir la imposible devaluación monetaria por la devaluación salarial para competir. Nosotros no vamos a aceptar una solución semejante, competir de ese modo es renunciar a nuestra capacidad de incorporar valor añadido e innovación en nuestro modelo productivo y condenarnos a la irrelevancia en la carrera tecnológica.
Esta crisis es, por tanto, sustancialmente distinta ya que tiene un carácter coyuntural con fecha aproximada y visible de superación que permite la hibernación que los ERTE,s suponen de la actividad productiva y del empleo. Hasta la aparición del covid-19 nuestra economía presentaba una cierta ralentización como consecuencia de la guerra comercial emprendida por Trump, pero España ha seguía creciendo a tasas del 2% anual.
Se trata, por consiguiente, de mantener viva nuestra capacidad económica, para que lo que no es más que un parón de la economía no produzca un círculo vicioso de cierre de empresas, desempleo e insolvencia financiera convirtiendo en estructural lo que es claramente coyuntural.
Es por ello que en el corto plazo los ERTE,s son tan determinantes; reducir los costes de las empresas, tanto salarios como cotizaciones es fundamental. Creemos que se debería ir más allá y aceptar exenciones de esas cotizaciones hasta el 100% en aquellos sectores más afectados y por el tiempo necesario. Mantener las rentas de los trabajadores y los autónomos con prestaciones extraordinarias por desempleo que no computan para el reconocimiento de un derecho posterior o prestaciones por cese de actividad es también determinante para la recuperación del consumo y la generación de certidumbres y confianza. La ausencia de seguridad y confianza, de optimismo razonado detraen el consumo y dificultan la recuperación, haciendo que se tomen decisiones equivocadas que destruyan empresas y tejido productivo.
Con sus escasos recursos, reasignando partidas y con el acuerdo entre los agentes económicos y sociales (CEV, UGT y CCOO) la Generalitat ha complementado las prestaciones de 200.000 trabajadores afectados por ERTE,s, se ha asignado una prestación a quienes se han acogido al permiso para el cuidado de familiares, en ambos casos atendiendo a los de menor renta. También se han destinado 57 millones de euros a autónomos, aunque con criterios tan poco razonables como el llegar el primero a formular la solicitud.
En definitiva, salvar empresas y mantener rentas, cueste lo que cueste, porquen no hacerlo significa sustituir ERTE,s Por ERE,s, destruyendo empleo y confianza, consumiendo del erario público las mismas prestaciones por desempleo y perdiendo la seguridad social la totalidad de las cotizaciones; luego no nos alarmemos respecto de la factura que representan los ERTE,s, pensemos la factura que tendríamos que pagar si no los hubiéramos puesto en marcha. Por cierto, pensamos que aquellas suspensiones de empleo que se prolonguen más allá de seis meses deben mantener la el 70% de la prestación y no bajar al 50% como establece hoy la ley que lo regula.
Desde el IVF se ha hecho un esfuerzo para facilitar liquidez a las empresas y desde las administraciones para pagar a sus proveedores de bienes y servicios. De modo, que esto es lo que podemos hacer en el corto plazo y lo que estamos haciendo. Estoy convencido de que antes del 30 de junio habrá un acuerdo sindical y patronal para llevar los ERTE,s hasta donde haga falta. Creo que cuanto antes despejemos ese horizonte mejor, aunque vigilando los abusos y malas prácticas que pudieran darse.
También en el corto plazo, en lo inmediato, había que controlar la pandemia, evitar la saturación en los hospitales y en las UCI,s, proveerse de equipos de protección individual, de test o de respiradores. Las dificultades son conocidas y las reflexiones sobre la deslocalización de industrias relacionadas con la salud y sus consecuencias también. Pero una vez más, no se trata de hacer las mismas mascarillas que los chinos, pero más caras, sino de hacerlas mejores en calidad, diseño y valor añadido.
Sin el control de la pandemia es imposible la reactivación de la actividad económica, la vuelta a la vida normal, el consumo de ocio, cultura, el comercio o el turismo. Por eso lo primero es reforzar nuestro sistema sanitario, cumplir las normas de prevención en las empresas y en la calle, minimizando el riesgo de repunte o rebrote en los contagios. La salida más rápida de esta situación no consiste en salir antes, sino en no tener que volver a la casilla de salida.
Nosotros no renunciamos a la celebración del 1 º de mayo, lo hicimos a través de las redes y no en la calle porque creímos que la mejor defensa del empleo, de la recuperación de la economía, de hacer este confinamiento más corto, de reducir el número de fallecimientos y hacer posible una recuperación más vigorosa pasaba por renunciar a las manifestaciones en la calle, sin entender que eso supusiera otra cosa que cumplir con las previsiones establecidas en la Constitución para una situación como la que estamos padeciendo. Es esa Constitución la que nos garantiza derechos y libertades, la única que puede limitarlos o contextualizarlos como sucede con el estado de alarma.
Es fundamental la ayuda de la Unión Europea, del BCE para mantener contenida la prima de riesgo y permitir financiar el déficit del Estado español y facilitar el crédito a las empresas, pero la mayor novedad y el mejor logro será que el plan de recuperación diseñado por la Comisión europea salga adelante. Sin restarle transcendencia a lo que ustedes decidan en esta cámara, el verdadero plan de recuperación que puede permitir todos los demás planes de recuperación que se pacten aguas abajo, es el que se decida en la U.E.
Por cierto, no sé si es descabellado pedir cierta coordinación y complementariedad de todos los planes de recuperación que se están planteando en ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades con el que nazca de esta comisión. Da la sensación de que la ardilla de Estrabón podría recorrer la península ibérica saltando de pacto en pacto.
Creemos que hay que establecer medidas de fomento del consumo en el corto plazo. Tenemos sectoresindustriales como el del automóvil, de gran relevancia en términos de empleo y PIB, que están pasando por un momento delicado con las nuevas formas de movilidad y la necesidad de ir hacia energías menos contaminantes y que están padeciendo simultáneamente crisis de oferta y de demanda. De oferta por la parálisis obligada de las fábricas y la quiebra en la cadena de suministros. Y de demanda porque se trata de bienes de elevado coste para las familias que se ve frenado en momentos como el actual de miedo, e incertidumbre sobre el futuro.
Las fábricas están volviendo poco a poco a la normalidad, pero la crisis de demanda requiere un plan renove que no distinga entre diésel, gasolina o eléctrico. En este momento lo primordial es recuperar el sector y admitir que la renovación del parque automovilístico supone una drástica reducción de gases contaminantes al sustituir vehículos nuevos por los viejos, mucho menos eficientes y más contaminantes.
Subir impuestos en estos momentos deprimiría la economía, dificultaría la recuperación, pero una vez salgamos de la crisis habrá que enfrentar el déficit y la deuda generados. Europa está planteando determinados impuestos para la financiación de su plan de recuperación que son una buena noticia porque actúa en el marco de toda la Unión pone orden evitando un dumping fiscal que beneficia a las grandes multinacionales, pero perjudica a la ciudadanía debilitando las cuentas públicas.
Europa no nos impone cómo reducir nuestro déficit y nuestra deuda, de manera que una vez alcanzada la recuperación de la economía seremos nosotros los que decidamos actuar reduciendo el gasto y aplicando recortes o, por el contrario, con una reforma tributaria que incremente la recaudación gravando beneficio y rentas. No basta con un impuesto a los ricos, todos debemos contribuir pagando impuestos con progresividad y justicia, como establece el art. 31 de nuestra Constitución.
No es difícil entender la reticencia de los países nórdicos al plan de rescate europeo, ellos pagan más impuestos que nosotros y pueden tener la sensación de que su esfuerzo se destina a quienes no se esfuerzan tanto desde el punto de vista fiscal, no desde el del trabajo.
Pensamos que esta crisis ha puesto de relevancia la importancia de los servicios públicos, que es necesario reforzar la sanidad y la educación pública, así como aumentar nuestra inversión en ciencia, en investigación, desarrollo e innovación. Sería por tanto deseable alcanzar un acuerdo que comprometiera gasto en relación a nuestro PIB similar al de los países de nuestro entorno más desarrollados para la sanidad, la educación, la ciencia y las infraestructuras.
Defendemos el diálogo social como un instrumento imprescindible para dirimir los conflictos entre empresarios y trabajadores. No pretendemos sustituir el papel de los partidos políticos, los parlamentos y los gobiernos. El pacto más importante en nuestra Comunidad Autónoma será el que esperamos salga de esta comisión. Nosotros solo pretendemos colaborar lealmente, pero tenemos un espacio propio a través de la negociación colectiva, no solo en el ámbito de la empresa o los sectores, también en el más amplio y transversal que representa el diálogo social.
Defendemos pues una reforma pactada del estatuto de los trabajadores dispuestos a ceder para lograr un acuerdo con la patronal, pero ésta debe estar dispuesta a lo mismo si queremos proporcionar estabilidad, seguridad y evitar confrontación; somos muy celosos de nuestro papel, ahora y en el 2012, por eso lamentamos cualquier intervención que lo desvirtúe. Otra cosa será que pese a nuestra voluntad el acuerdo no sea finalmente posible, en cuyo caso serán el Gobierno y el Congreso de los Diputados los que determinen. Tienen toda la legitimidad para no tenernos en cuenta, faltaría más, pero consideramos un error ignorar a los interlocutores sociales y su autonomía para la negociar y acordar.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana tenemos un diálogo fluido con la CEV y estamos intentando alcanzar acuerdos para proporcionar estabilidad en el empleo para aquellos trabajadores que prestan servicios a la administración valenciana mediante contratos públicos. El conjunto de las administraciones públicas valencianas deben procurar la calidad y la estabilidad en el empleo, algo que no ha conseguido la ley de responsabilidad social y su no nato reglamento, pero que esperamos comprometer con la patronal valenciana.
También creemos que hay que mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales y hacer que esa cultura preventiva llegue también a la pequeña empresa, la que carece de delegados de prevención, mediante la creación de la figura de los delegados de prevención territorial nombrados por las organizaciones patronales y sindicales más representativas.
Resolver definitivamente nuestra infrafinanciación es otro de los elementos fundamentales en el corto plazo. Esta cámara es plenamente consciente de nuestra pobreza relativa, del gasto en sanidad o educación que se lleva gran parte del presupuesto para prestar servicios de calidad en estas áreas, y de cómo ello compromete nuestra capacidad para procurar un modelo productivo más competitivo e innovador. Necesitamos mantener y reforzar la unidad en esta justa reivindicación, así como en la relativa a las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana.
El corredor mediterráneo, el mediterráneo-cantábrico, la ampliación, mejora y eficiencia de las instalaciones portuarias y aeroportuarias, la red de carreteras, de polígonos industriales, de las telecomunicaciones son infraestructuras necesarias para ganar competitividad y atraer inversión.
Nuestra elevada deuda pública, la más alta en términos relativos del Estado español, obedece en gran medida a esa infrafinanciación y no está en manos de particulares, por lo que es perfectamente factible su asunción por el Estado central que ha sido el gran prestamista desde la pasada crisis y desde el cierre de los mercados financieros a nuestras emisiones de deuda.
Sería bueno una pensada sobre el sentido práctico de emitir deuda propia desde la Comunidad Autónoma cuando reclamamos eurobonos o mutualizar la deuda en Europa. No creo que nuestra autonomía gane obligándonos a pagar diferenciales de interés si podemos financiarnos a los mismos costes que lo hace el Estado español.
Tenemos que promover una armonización fiscal en el ámbito de las Comunidades Autónomas, aquí como en el caso anterior, pedimos o reclamamos una cosa en Europa y hacemos lo contrario entre nosotros. Las figuras tributarias cedidas a las Comunidades Autónomas deben tener un suelo infranqueable, no podemos hacernos trampas entre nosotros mediante el dumping fiscal.
Todos decimos lo mismo respecto de la necesidad de mejorar la competitividad de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo. Somos conscientes del reducido tamaño de esas empresas, de la falta de formación, no solo de los trabajadores, sino en especial de los empresarios. Sabemos que estamos en la cola en inversión e innovación en el sector privado. El déficit en financiación y en infraestructuras ha impedido que el sector público ayude lo deseable en ese cambio de modelo y sus inversiones son también bajas en relación con otros países y otras comunidades autónomas con más recursos.
La Agencia Valenciana de Innovación supone un esfuerzo por coordinar el conocimiento en nuestra Comunidad Autónoma y acercarlo a las empresas. También el reconocimiento que las administraciones pueden desempeñar de estímulo a ese cambio mediante la compra pública innovadora. Hay que apoyar a la AVI con recursos, no basta con gastar más, es necesario saber dónde, con qué propósito, con qué fines; por eso es tan importante la presencia de los sectores empresariales y las empresas en la dirección de la AVI y en todas sus comisiones y estructura. Como lo es el de los institutos tecnológicos, las universidades, los centros de investigación, el CSIC o los comités científicos.
Aumentar la competitividad, el tamaño de las empresas, las soluciones innovadoras a las demandas de la administración, el valor añadido, la economía circular, el respeto medioambiental son un interés común y la AVI un buen instrumento para alcanzarlo que, por otra parte, ya están dispuestos a imitar otras Comunidades Autónomas. Confiemos en que siendo nosotros pioneros no nos superen como ya sucedió con el País Vasco en relación con los institutos tecno lógicos.
Para concluir: En el corto plazo hay que hacer todo lo necesario para reforzar el sistema de salud evitando rebrotes mediante el control temprano y el rastreo de contagios; y manteniendo camas y UCI,s que eviten posibles colapsos.
Hay que apoyar a las empresas para mantenerlas vivas durante el tiempo que tardemos en volver a la normalidad con crédito, reducciones de cargas y prolongación de ERTE,s
Hay que apoyar el consumo manteniendo las rentas de los trabajadores y las familias más afectadas por la crisis, Las prestaciones por desempleo extraordinarias y por cese de actividad deben mantenerse y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital va en esa dirección, además de suponer un acto de justicia y decencia social.
Para la recuperación hay que lograr la financiación autonómica que nos corresponde por población y pobreza relativa e inversiones territorializadas acordes con nuestro PIB. Liquidez del Estado español a las Comunidades Autónomas para atender sus obligaciones y pagos dando oxígeno a las empresas.
Planes de apoyo a sectores especialmente afectados como el comercio, la hostelería y los demás asociados al turismo el ocio y la cultura. También a sectores industriales como el automóvil.
En el medio y largo plazo, comprometer porcentajes del PIB en sanidad, educación, servicios sociales y en ciencia e innovación. Enjugar el déficit y la deuda originados por esta crisis con una tributación justa y progresiva que comprometa a todos en función de sus beneficios y renta, no con recortes que deterioran los servicios públicos esenciales y nuestra capacidad de crecimiento, así como la de intervenir favoreciendo un modelo productivo que la simple actuación del mercado no ha podido ni puede conseguir sin la necesaria orientación política y los recursos públicos.
Por último, voluntad de unidad de nuestros representantes para trasladar un mensaje de confianza, seguridad y ánimo mediante acuerdos que trasladen a nuestra sociedad que estamos todos comprometidos con el mejor futuro para nuestra Comunitat.
Gracias.