Valencia, 2 de diciembre de 2005
PREOCUPADA POR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
La estimación realizada por el MAPA de la Renta Agraria de 2005, emitida como consecuencia de la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo con el Reglamento 2223/96 del Consejo, presenta una realidad nada halagüeña del campo español y del valenciano, que según el MAPA se debe a un año muy complicado en lo climático y a los costes derivados del incremento de los carburantes, que se ha visto reflejado en una disminución de la renta agraria, y concentrando el efecto negativo en las producciones vegetales.
A pesar de la gran importancia de estas dos variables, para la UPA-PV hay otras causas, que queremos mencionar, ya que inciden directamente en las economías agrarias, pues no es comprensible que cuando hay menos cosecha bajen también los precios. Llevamos mucho tiempo señalando que los productos no tienen valor en manos del agricultor y, sin embargo, al llegar a manos del consumidor se multiplican por 5, 6 ó 15 en el consumo.
UPA-PV ha solicitado reiteradamente una ley de precios justos, considera que las labores de comercialización de algunos productos agrarios (encerado, calibrado, empaquetado, transporte...) tienen un coste, pero que la diferencia tan abismal entre los precios que se pagan al agricultor y los precios de consumo no está justificada.
Por ello, la UPA-PV exige una ley de márgenes comerciales y unos contratos homologados tipo, que permitan conseguir unos precios más justos para el agricultor y para el consumidor. Una labor que debe realizar la Conselleria de Agricultura, que ha dejado a los agricultores en manos de las grandes redes de distribución, lo que lleva a que el productor agropecuario reciba unos precios irrisorios y grotescos, que le mantiene en una carencia absoluta de seguridad, pues, en algunos casos, la entrega de productos, se ratifica con un simple albarán.