Madrid, 1 de diciembre de 2005

Los poderes públicos deben realizar políticas para fortalecer la industria y moderar el precio de las viviendas
 

La subida de los tipos de interés en un 0,25%, aprobada hoy por el Banco Central Europeo, no debe ser preocupante para España en la situación actual. Por un lado, puede contribuir a frenar el consumo interno y a aliviar las tensiones inflacionistas, aunque la solución a estos problemas no pasan por el endurecimiento de la política monetaria, porque la causa de los mismos es la falta de competencia de los mercados, fundamentalmente en el sector servicios. Por otro, sin embargo, puede complicar la recuperación de la actividad económica de los países de la Unión Monetaria y dificultar el relanzamiento de las exportaciones españolas. El sindicato realiza un llamamiento a la responsabilidad de las entidades financieras para que no repercutan de forma excesiva este aumento sobre las familias, y a los poderes públicos para que basen sus políticas en un cambio de modelo de crecimiento, reconduciendo el tejido productivo hacia el fortalecimiento de la industria, y favorezcan la moderación de los precios de la vivienda.

El BCE ha elevado hoy, tal y como se esperaba, un 0,25% los tipos de interés de referencia de la zona euro, situándose en el 2,25%, después de permanecer desde junio de 2003 en su nivel históricamente más bajo, el 2%.

Esta decisión, que el BCE argumenta en la necesidad de frenar posibles tensiones inflacionistas en la eurozona derivadas del encarecimiento del petróleo, puede complicar la recuperación de la actividad en los países de la Unión Monetaria, aún muy incipiente, lo que a su vez dificultaría el relanzamiento de las exportaciones de nuestro país, que precisa de un relanzamiento del consumo en las economía de nuestro entorno. Este constituye el principal factor de riesgo de esta medida, que ha sido apuntado por la Comisión Europea, la OCDE o el FMI, que desaconsejaban la subida en el actual contexto de debilidad de las economías europeas, y dado que no se vislumbran tensiones en la inflación reseñables (en la actualidad, el IPC Armonizado de la euro zona se sitúa en el 2,5%, y la tasa subyacente tan sólo en el 1,5%).

Nuestro país sí que soporta una inflación diferencialmente elevada respecto a la media de la zona euro, un punto por encima de forma persistente, con lo que un ligero endurecimiento de la política monetaria puede ser beneficioso y moderar algo dichas tensiones, al enfriar suavemente la demanda interna, que en la actualidad mantiene un crecimiento elevado. No obstante, debemos ser conscientes de que no es ésta la solución a nuestros problemas inflacionistas, puesto que no reside aquí su causa última, sino en la falta de competencia en algunos mercados, esencialmente en el sector servicios, que permite la expansión excesiva de márgenes de las empresas que operan en los mismos.

Por otro lado, la subida de tipos supone un toque de atención sobre las condiciones de financiación de la deuda para hogares y empresas, que probablemente no volverán a situarse en el medio plazo en niveles tan accesibles como en los últimos dos años. Una subida moderada como la actual no debe tener graves repercusiones sobre las familias, si su endeudamiento se ha realizado en base a su capacidad financiera real, y con la prudencia deseable. En este aspecto, las entidades financieras tienen una gran responsabilidad como concedentes de los créditos, y una repercusión excesiva del aumento de los tipos de interés sobre las familias supondría un síntoma muy preocupante sobre la fiabilidad del sistema financiero y crediticio de nuestro país.

En todo caso, la medida debe servir para frenar el recurso al endeudamiento, que en el caso de las familias alcanza un nivel históricamente elevado equivalente al 110% de su renta bruta disponible (más del doble de hace tan sólo tres años, y equivalente al 77% del PIB). En conjunto, el efecto final del encarecimiento del precio del dinero para nuestra economía dependerá de cómo se comporten en último término los factores anteriores, aunque en todo caso no debería implicar grandes cambios. No obstante, la medida debe servir para que los poderes públicos pongan en el centro de sus políticas dos cuestiones clave para nuestro desarrollo a corto y medio plazo:

• El cambio de nuestro modelo de crecimiento, basado en la actualidad en la fortaleza de la demanda interna, y sobre todo del consumo privado, pero con una aportación del sector exterior muy negativa. Es preciso reconducir el tejido productivo hacia un fortalecimiento de las ramas industriales, poniendo especial énfasis en actividades de alto valor añadido, lo que permitirá minimizar el efecto de puntuales medidas como la decidida hoy por el BCE.

La escasa capacidad exportadora que presenta en la actualidad nuestra economía, junto a su endémica dependencia del exterior en equipamientos tecnológicos y productivos, hacen que el crecimiento y, en consecuencia, la creación de empleo, queden muy expuestos a los cambios que afectan al consumo de las familias, lo que resulta poco deseable para lograr un aumento de la actividad más sólido y sostenido en el tiempo.

Los bajos tipos de interés han sido un factor explicativo clave de la reciente etapa expansiva de España, y si bien esta situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo, deben sentarse las bases de un crecimiento más equilibrado y menos sensible ante cambios externos.

• La moderación de los precios de la vivienda, cuyo espectacular crecimiento en los últimos años es el principal responsable del fuerte endeudamiento de las familias, y que supone un indudable factor de riesgo en el caso de que los tipos de interés repuntaran con más intensidad en los próximos meses. Aunque esta revalorización de la vivienda ha supuesto también un aumento del valor patrimonial de las familias, ha provocado una reducción de su tasa de ahorro al nivel más bajo de hace 40 años, marginando del acceso a la misma a un número cada vez mayor de ciudadanos, lo que constituye el primer efecto indeseable que es preciso revertir.