10 de Marzo del 2006
La pérdida de ingresos puede reducir el desarrollo productivo y social
UGT considera que la reforma fiscal aprobada hoy se produce en un momento oportuno, pero globalmente resulta insuficiente para recuperar los principios esenciales de suficiencia, generalidad y equidad, muy deteriorados con las dos últimas modificaciones del IRPF. La reforma actual tiene aspectos claramente positivos, y en especial aquellos que afectan al tratamiento fiscal de las rentas de trabajo, pero plantea algunos aspectos preocupantes como una pérdida de recaudación de 3.612 millones de euros en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, lo que puede comprometer la inversión y el gasto anunciado por el Gobierno para el cambio de modelo productivo.
El Sindicato, que confía en una mejora del texto en el trámite parlamentario, pide, asimismo, la retirada de la figura de los planes de previsión social empresarial, ya que intefiere negativamente en la negociación colectiva y hurta a los trabajadores de la defensa de sus derechos, beneficiando tan sólo a los empresarios y a las compañías aseguradoras.
UGT considera que el momento actual resulta oportuno para abordar una reforma de los principales impuestos directos de nuestro país, ya que las perspectivas financieras de la Unión Europea se han despejado hasta el 2013, y que ésta debería ser profunda, para que el sistema fiscal español logre recuperar un adecuado grado de cumplimiento de los principios constitucionales de suficiencia de la recaudación (que los ingresos permitan afrontar las políticas de gasto necesarias), generalidad de las aportaciones (que contribuyan todos los que deban hacerlo) y equidad (concepto que sustenta en buena medida la percepción de justicia tributaria, al promover que las rentas iguales paguen lo mismo y que pague proporcionalmente más aquel que más tiene).
La reforma fiscal que el Gobierno ha llevado hoy a Consejo de Ministros se justifica por la necesidad de lograr un conjunto de objetivos que, en su inmensa mayoría, resultan acertados, pero las medidas concretas que contiene no se adecúan a los mismos de igual manera. Algunas de ellas merecen una valoración positiva, puesto que favorecen inequívocamente el logro de los mismos. Así sucede con:
- El paso de las deducciones personales y familiares de la base del impuesto a la cuota, puesto que mejora la progresividad del mismo al tratar de forma igual a todos los contribuyentes (en la situación actual el beneficio de las deducciones aumenta conforme lo hace la renta).
- El notable aumento de las cuantías de dichas deducciones familiares y personales, así como de la fijada para los rendimientos del trabajo, que palia la grave discriminación que sufren estas rentas al soportar el 77% del total de la recaudación.
- Que la rebaja final en el IRPF beneficie en mayor medida a las rentas más bajas.
- El aumento del tipo de tributación de las ganancias patrimoniales de más de un año, del 15% al 18%, aunque siguen tratadas de forma excesivamente favorable.
- La eliminación en el Impuesto sobre Sociedades de casi todas las bonificaciones y deducciones, lo que permitirá suavizar la pérdida recaudatoria derivada de la rebaja del tipo aplicable de 5 puntos para todas las empresas, y configurar un tributo más neutral respecto a la toma de decisiones y más transparente en los resultados.
Frente a éstas, otras actuaciones son preocupantes, puesto que caminan en sentido contrario del que se declara:
- La pérdida de ingresos que asume la reforma a corto plazo, estimada en 3.612 millones de euros en el periodo 2007-2001 (casi en su totalidad debidos a las modificaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, 1.944 y 1.635 millones de euros respectivamente), puesto que no es una necesidad de nuestra economía y sin embargo reduce la capacidad financiera del sector público para abordar los esfuerzos de gasto comprometidos para cambiar el modelo productivo y mejorar la protección social (I+D+i, Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, Sistema Nacional de Dependencia, Sanidad, Educación, Formación, etc.). Nuestro país es sitúa a la cola de Europa en presión fiscal, el 35,4% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 41% de la media de la UE-15, por lo que su capacidad para afrontar las políticas de gasto es también más reducida. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que existe una clara relación directa entre la recaudación relativa de un país y su nivel de gasto en protección social, de modo que cuanto menor es la presión fiscal menor es la cobertura e intensidad de su sistema público de prestaciones sociales.
- UGT considera también negativa la decisión de que la totalidad de los rendimientos de capital mobiliario no formen parte de la tarifa progresiva y pasen a estar gravados a un tipo único, generalizando la beneficiosa situación que actualmente poseen los incrementos de patrimonio generados en más de un año. Esta decisión consagra un modelo de impuesto denominado dual, puesto que establece dos formas de tributar distintas según la fuente de procedencia de las rentas: proporcional y muy moderada para las del capital, y progresiva para las del trabajo. Este tipo de impuesto perjudica, por tanto, a la equidad, resulta discriminatorio para las rentas del trabajo y trata por igual a los rendimientos de capital de ahorro, a más largo plazo, y especulativos, a corto plazo.
- El Sindicato tampoco comparte el tratamiento fiscal global otorgado a los planes de pensiones o seguros colectivos, ya que algunas medidas resultan problemáticas o generan lagunas legislativas, e interfiere negativamente en la negociación colectiva. En particular, desde UGT solicitamos la retirada de la nueva figura de planes de previsión social empresarial, porque da un serio golpe a la negociación colectiva, y beneficia únicamente a los empresarios, que podrán modificar unilateralmente las condiciones pactadas con los trabajadores, y a las compañías de seguros, todas ellas gestoras de los planes de pensiones, pero que cobrarán una mayor comisión. Al tiempo se hurta a los trabajadores de intervenir en todo lo relacionado con sus futuras prestaciones de jubilación, fallecimiento, invalidez y gran dependencia.