Asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregularAnte el anuncio hecho ayer por el Gobierno de que “devolvían la asistencia sanitaria” a los extranjeros en situación irregular, además de la imprecisión y la falta de detalles que ha dado el Gobierno, os señalamos algunas cuestiones de interés:

- La medida contenida en el Real Decreto Ley 16/2012 fue especialmente cruel (con los extranjeros irregulares, regulares y en suma con el conjunto de la población con independencia de su nacionalidad) y los argumentos utilizados entonces y ahora, mezquinos y contrarios a la verdad ; el Gobierno habló de “abuso en las prestaciones sanitarias. Por primera vez en la historia se ponen controles para evitar el turismo sanitario y el uso fraudulento por parte de extranjeros de los servicios de salud”, y amparándose en un informe del Tribunal de Cuentas sobre datos del 2009, que no se referían a los extranjeros irregulares más que en un pequeño párrafo; todo lo demás, la referencia al dinero que España dejaba de ingresar, era por la falta de facturación de nuestro país al resto de Estados miembros de la Unión por atender a sus nacionales, y por pagos hechos por España a otros países de la Unión sin comprobar el contenido de la facturación. Es decir, nada que ver con la atención sanitaria, ni mucho menos con respecto a los irregulares, sino con ineficiencia administrativa y la falta de eficacia del sistema a la hora de facturar y pagar a los Estados miembros de la Unión por la atención a ciudadanos comunitarios y a españoles en el resto de la Unión Europea.

- No se quedaron fuera solo las personas en situación administrativa irregular: ellos fueron los directamente excluidos, modificando la Ley Orgánica de Extranjería en el propio Real Decreto Ley. Pero algunos de los requisitos para tener la nueva condición de asegurado o beneficiario del sistema nacional de salud, deja fuera o convierte en muy difícil, tener derecho a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, el mismo real decreto ley modificó la normativa de residentes comunitarios y sus familiares, estableciendo requisitos para poder inscribirse en el Registro Central de Extranjeros: o se es trabajador o se tienen que demostrar recursos económicos. Y estar inscrito es requisito necesario para poder acceder a la asistencia sanitaria para quienes no tengan ingresos superiores a 100.000 euros. Tenemos así a ciudadanos comunitarios que se encuentran en la misma situación que los extranjeros en situación irregular, y también sus familiares, incluidos, a modo de ejemplo, cónyuges nacionales de terceros países de ciudadanos españoles.

- El argumento dado ayer por el Ministro, es que las urgencias se colapsan y que hay que salvaguardar la salud pública: pero nada importa al parecer, salvaguardar la salud de las personas que se encuentran en España; las vidas y la integridad física (por cierto, un derecho fundamental que tienen todas las personas con independencia de su situación administrativa) son aparentemente secundarias. Pues esto ya tenían que saberlo cuando un anterior gobierno del Partido Popular, en una modificación de la LOEX, extendió la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Esta medida fue posible porque en el seno del entonces Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, se encargó a una conocida consultora un estudio sobre la asistencia sanitaria a irregulares, estudio que concluía que tanto por motivos económicos como de salud pública, era necesario incorporar a la población inmigrante irregular al sistema. Y en aquel momento, los extranjeros en situación irregular podían suponer casi un millón de personas.

- El Ministro ha señalado que no puede detallar más porque son las comunidades autónomas las que tienen la competencia: otro ejemplo de argumento contrario a la verdad; las Comunidades Autónomas no pueden reformar la Ley de Extranjería que es la que establece el derecho y su alcance. No se puede hablar por tanto de “devolver” la asistencia sanitaria; si fuera esto, retornar a la situación anterior, hay que modificar la norma, tanto la LOEX, como el propio Real Decreto Ley que con sus requisitos deja a personas, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa, fuera del sistema.

- El Ministro también ha dicho que es contrario a dar tarjetas sanitarias a los irregulares porque eso les habilita para que les atiendan en otros países de la Unión Europea: pues parece que el Ministro no se ha leído la normativa comunitaria, especialmente los reglamentos de coordinación en materia de Seguridad Social, ni tan siquiera los requisitos para poder conseguir la tarjeta sanitaria europea, ni ha oído hablar de la asistencia sanitaria transfronteriza. Un inmigrante en situación irregular en España, que tuviera tarjeta sanitaria española, no sería atendido en otro estado miembro. Bueno, que el Ministerio de Sanidad tiene un problema con las migraciones es más que obvio, porque ha mantenido también para este año, la perdida de la condición de asegurado para las personas, fundamentalmente españolas, que estén más de tres meses fuera de España, lo que por cierto, puede dar lugar a una desatención o una deficiente atención de los ciudadanos españoles en el resto de estados miembros si no están asegurados en estos (y es el caso de las personas que, por ejemplo, se quedan en situación de desempleo). Eso sí, como no son asegurados para España, no tendremos que pagar a otros estados miembros por ellos.

- La asistencia primaria, no es devolver la asistencia sanitaria: de lo dicho por el Ministro y el Presidente, y por la precisión de los términos utilizados se deduce que lo que quieren devolver, echando balones fuera y trasladando la competencia a las Comunidades Autónomas, es la asistencia primaria. Pero ¿esto qué es? La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud que comprende las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. Pero al parecer, ni siquiera toda esta cartera común, de la que es parte la asistencia primaria (ni desde luego la suplementaria, donde se encuentra la prestación farmacéutica) serían devueltas a los extranjeros en situación irregular o a quienes se quedan fuera del sistema por una u otra razón. Por cierto, salió mal el negocio de “vender” la cartera común y solo esta, a los extranjeros en situación irregular y a quienes no podían tener la condición de asegurado o beneficiario, a un precio de 60 euros al mes si se tenían menos de 65 años y 157 euros al mes si se era mayor de esta edad, mediante la suscripción de un convenio especial con las Comunidades Autónomas. Paradójico que el Gobierno eliminase el derecho a la asistencia a personas que según el “no residen” pero sin embargo si las reconociese como compradores de asistencia como si nuestro sistema sanitario de salud fuera un seguro privado.

En definitiva, un cúmulo de despropósitos, una norma cruel para el conjunto de la población, pero en especial para los directamente excluidos. El anuncio de ayer, es otro despropósito más, plagado de inexactitudes, cuando no de argumentos que no son ciertos. Lo que el Gobierno debe hacer, por lo que respecta a los extranjeros en situación irregular, regular y a los ciudadanos comunitarios, es modificar la LOEX para retrotraernos a la situación anterior, donde las personas empadronadas, sin tiempo previo de residencia, podían tener acceso a la asistencia sanitaria.
En cuanto a la realidad de la Comunidad valencia, debemos decir que en contra de la normativa implantada por el  gobierno de Rajoy en esta materia, se han conseguido avances en los últimos años, materializados a través de instrucciones de la secretaria autonómica de la Conselleria de Sanitat  de la GVA, estos han sido posibles gracias a las continuas reivindicaciones de la sociedad civil organizada a través de las plataformas. Por lo tanto, dentro de la Comunitat Valenciana el anuncio del presidente del gobierno llega tarde.