REFORMA LABORAL

Yaissel Sánchez Orta. Secretaria General UGT L´Alacantí – La Marina

¿Proyección a Futuro? ¿Ahora sí? Esta pregunta y al mismo tiempo afirmación de esperanza, es la depositada por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras después de haberse convalidado el RD-Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. No sin generar una elevada expectación y, desgraciadamente con la polémica y el bochorno del espectáculo político que se generó, cuestión que a mi entender no debería haberse producido ya que la imagen que proyecta la Cámara Baja a la sociedad, no puede ser el espejo de la crispación política constante obviando el debate inteligente y conciso sobre la norma a convalidar.

Recordad que estamos hablando de una reforma marcada por el hito histórico del diálogo, del acuerdo y de la negociación entre los interlocutores sociales, llegando a establecer consensos que, por norma general, siempre han sido difíciles de conseguir. Y lo más importante aún, es la primera vez que la clase trabajadora no pierde derechos en la negociación de una norma de esta envergadura. Por ello creemos que el diálogo fluido, el debate sosegado y la voluntad de llegar acuerdos como el que hemos logrado los interlocutores sociales, realizando un ejercicio de responsabilidad, debería practicarse con mayor asiduidad por parte del espectro político, pensando no solo por el bien de la ciudadanía sino también por el bien reputacional como país.

Somos conscientes de que compartimos un tiempo y un espacio en el que todo fluye a una rapidez vertiginosa y donde lo sólido y lo permanente se ha ido desvaneciendo y convirtiéndose en líquido e incierto. La definiría el sociólogo Bauman como: modernidad líquida, y si seguimos la estela de su reflexión y lo extrapolamos al punto de vista del mundo del trabajo, nos encontramos con la coincidencia de lo líquido en el empleo, traduciéndose en empleos precarios, en trabajos provisionales que en muchas ocasiones se convierten en eternos. Bien lo sufrimos con la crisis económica del 2008 así como con las diferentes normas, entre ellas la reforma laboral impuesta por el Partido Popular en el 2012-, que dejaron la huella de la inestabilidad de por sí en muchas personas trabajadoras, lo que generaba un desasosiego permanente en la búsqueda constante de esa estabilidad deseada.

Esta reforma, que no es precisamente la que veníamos reivindicado desde UGT - ya que aspiramos a más cuestiones en cuanto se abran de nuevo las negociaciones-, inicia un primer paso en positivo para avanzar en aquellos elementos imprescindibles, no solo por las exigencias que nos marca las directrices desde Europa para lograr los necesarios Fondos Next Generation, sino también para adaptarnos hacia el desarrollo de un modelo productivo verde, tecnológicamente avanzado con trabajadores y trabajadoras formadas, y donde además, en el libre ejercicio del mercado global no se reste competitividad a nuestras empresas.

Si nos preguntamos qué supone este real decreto, la respuesta tiene múltiples dimensiones de alta relevancia para la clase trabajadora y, aunque no pretenda desdeñar toda la norma, sí que me gustaría compartir algunas reflexiones.
En primer lugar, se adapta de forma decidida una de las actuaciones más deseadas para atajar uno de los grandes males de las relaciones laborales a las que se enfrentan cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, la cual se traduce en erradicar la ansiedad que genera la precarización y el uso abusivo y excesivo que se ha hecho de la temporalidad. Por ello la reforma recupera la presunción de la concertación del contrato indefinido como norma. Y se evidencia una posición totalmente contraria a la temporalidad, encausando solo a dos opciones su uso y suprimiendo uno de los contratos más utilizado, como el de obra y servicios determinado. Pero además se añade que los trabajadores y trabajadoras ya no tendrán que concatenar contratos que en muchas ocasiones son expandidos con más de doce meses de duración, práctica que, como sabéis, se ha venido aceptando como normal o por resignación para poder estar dentro de la rueda del mercado laboral.

Esta situación, es una cuestión de alta notoriedad, porque si algo venimos denunciando con reiteración desde UGT, es como el abuso de la temporalidad llega al extremo de contar con un veinte por ciento de contratos de duración igual e inferior a una semana, haciendo que la rotación en el empleo sea una constante, y por consiguiente restando con ello estabilidad no solo a las trabajadoras y trabajadores sino también restándole competitividad a las empresas.

Ha quedado demostrado que una rotación elevada no brinda estabilidad de la plantilla. Tampoco la posibilidad de una formación adecuada y el riesgo de siniestralidad laboral es mayor, a lo que se debe añadir el daño directo que se puede producir en la productividad empresarial. Igualmente está demostrado que empresas con empleos dignos y de calidad son más rentables en los mercados, crecen en valores de compromiso, de competitividad y por supuesto en valor social. Y además ante las vicisitudes que pueden encontrar en los ciclos económicos, su recuperación es más resiliente.

Haciendo alusión a lo anteriormente expuesto, la reforma pretende cambiar el paradigma dañino de la cultura de la inestabilidad y de la precariedad, hasta tal punto que los indicadores del mercado laboral en la provincia de Alicante en el mes de enero, los valoramos como rompedores porque tan solo a un mes de puesta en marcha de este acuerdo, se rompía con la tendencia experimentada en toda la serie histórica en un mes de enero en la provincia de Alicante, registrándose por primera vez un descenso estadístico del desempleo y donde la contratación de carácter indefinido superaba los diez puntos porcentuales, generando expectativas al conjunto de la clase trabajadora en general.

En su análisis desde una perspectiva de género, esta reforma contribuirá a que las mujeres trabajadoras, que son el rostro de las brechas de desigualdad en el desempleo, en la contratación temporal e intermitente y a tiempo parcial en el mercado de trabajo, puedan visualizar carreras de cotización de largo recorrido sin sentir que el peso del reloj biológico pueda truncar esas expectativas laborales, ni que el empleo burbuja- ese que se desinfla con facilidad- sea la opción de reinserción.

Lo mismo sucede con la juventud trabajadora, la generación a la que se le quería etiquetar de ninis. La generación que se le daba la opción de la salida al exterior como única vía de empleabilidad, haciendo que recayera sobre ellas y ellos la responsabilidad, por un lado, de la administración para establecer políticas activas específicas. Y por otro lado, la incapacidad de la iniciativa privada para entender que la vitalidad juvenil en todas sus aristas es un plus añadido que, además revitalizar las empresas, son imprescindibles cuando se demanda el relevo generacional.

Por ello, esta norma por fin les brinda la oportunidad de que, al pensar en su emancipación personal, la misma no sea apreciada como un futurible inalcanzable y la posibilidad de compatibilizar estudios se realicen con unas condiciones laborales óptimas.

Con este acuerdo, además, se logra otra de las demandas sindicales y es la relacionada con la búsqueda del reequilibrio entre partes fortaleciendo la negociación colectiva. Por ello, es de vital importancia que se haya recuperado la ultraactividad plena que cubre allí cuando peligran las negociaciones del nuevo convenio, y permiten que se prorroguen los derechos adquiridos con anterioridad hasta que sean sustituidos por otros.

Recuperar la ultraactividad para muchas plantillas de trabajadoras y trabajadores supone consolidar los derechos establecidos en los convenios colectivos, esos que en ocasiones son desconocidos y poco valorados, a pesar de ser donde quedan establecidas las pautas, las condiciones laborales de las actividades a desarrollar.

Pero además se debe añadir en igualdad de importancia, el refuerzo del papel del convenio sectorial en términos salariales y de retribución, así como de jornada, facilitando que ninguna trabajadora o trabajador pueda sentirse en desventaja realizando el mismo trabajo porque se le aplique un convenio de ámbito de empresa, que devalúa las condiciones recogidas en el convenio de sector. Esto supone que todas las desigualdades amparadas con la aplicación de las empresas multiservicios decaen por sí mismas.

Debo recalcar además la apuesta por la flexibilización positiva, extendida en la pandemia de la Covid-19 por la herramienta -y debo decirlo también negociada- de los ERTES, que impidió que sufriéramos los despidos masivos ya experimentados en la crisis económica hace poco más de una década.

En definitiva, esta es una reforma que apuesta por la modernización de las relaciones laborales reequilibrando las partes implicadas y ofreciendo atajar las desigualdades hasta ahora existentes. Un acuerdo que implica a diferentes leyes que juegan un papel relevante de control y sanción. Solo deseamos que se cumpla todo lo acordado y que, en cuestiones de pocos meses, logremos dignificar el empleo en nuestro país y se valore en su justa medida la aportación que al mundo del trabajo realizamos los trabajadores y trabajadoras.