Según la información recibida por UGT, a partir del próximo 1 de julio entrará en vigor una nueva tarifa de tasas que, impuesta desde Madrid, deberán abonar todos los buques que carguen, o descarguen sus mercancías, o pasajeros, en el Puerto de Alicante.

Estas nuevas tasas sufrirán un incremento notable sobre las anteriores, cuestión que, habida cuenta de la situación financiera por la que atraviesa el Puerto de Alicante, con un balance negativo en el último ejercicio de 2011 de 1.600.000 euros, puede resultar determinante para el mantenimiento del empleo y la actividad comercial de este Puerto.

Un incremento de tasas desmesurado puede hacer que el Puerto de Alicante no resulte competitivo frente a los puertos más próximos como Valencia y en particular Cartagena.

La política de Puertos del Estado, que se escuda en la Ley de Puertos para tomar esta decisión que obliga a nuestro Puerto a incrementar sus tasas, establece que aquellos puertos con beneficios no sufrirán incremento de tasas, mientras que aquellos otros deficitarios como el de Alicante, deberán incrementarlas para , teóricamente, enjuagar el déficit. En "román paladino" esto significa, en opinión de este sindicato, alejar de nuestro Puerto aquellas líneas y buques que obtengan una mayor compensación económica derivando sus tráficos a puertos colindantes más baratos y también bien comunicados.

Corremos un claro riesgo por tanto, de incrementar la cuantía del déficit del Puerto y reforzar la idea de convertir al Puerto de Alicante en una pequeña subsidiaria de Valencia.

No se entiende bien como cuando el primer trimestre del año presenta un incremento de los tráficos en un 14%, rompiendo la dinámica de los últimos dos años, se presenta ahora una iniciativa de este calibre y riesgo que puede representar un mazazo para las expectativas de recuperación de la actividad portuaria.

Aunque sean bonificados determinados tráficos locales, como el mármol, etc., el conjunto de tasas sufrirá un incremento notable de coste que repercutirá en la decisión final de los fletadores de los barcos de mantener sus buques en este Puerto o derivarlos a otros próximos más baratos.

No se entiende desde UGT, la decisión de solventar el déficit aumentando los impuestos, o como en este caso, las tasas, el esfuerzo debería pasar por una apuesta por todo lo contrario, potenciando el consumo y la industria como medio más eficaz para superar la crisis actual. Otra cosa es la evidente necesidad de suprimir todos aquellos organismos y gastos del Puerto que no vayan encaminados a garantizar el sostenimiento del empleo. Las aportaciones económicas del Puerto a fundaciones, clubes deportivos, etc., que representan actualmente cuantías de cerca de cuatrocientos mil euros al año son un error. Con la referida Ley de Puertos en la mano, si se consiguiese un balance positivo a final de año no habría necesidad de subidas de tasas, como ocurre con Valencia o Cartagena, por ello resulta prioritario en opinión de UGT terminar con políticas propias de tiempos más boyantes y suprimir todos aquellos gastos que no tengan como objetivo prioritario salvaguardar los miles de puestos de trabajo y la riqueza generados por este Puerto.

Es un hecho que la pérdida de una línea, o un tráfico, es prácticamente imposible de recuperar. Cuando un bróker de fletamentos decide abandonar un puerto y establecer nuevas vinculaciones, compromisos e infraestructuras en un nuevo puerto es muy difícil pensar en su retorno.

En el Puerto de Alicante trabajan varios centenares de personas, el tráfico de cruceros, con más de cien mil cruceristas el pasado ejercicio, representa también una importante generación de recursos económicos para la ciudad, pero son también muchas las empresas, y muchos trabajadores dentro de ellas, las que dependen de un puerto competitivo que posibilite sus exportaciones e importaciones.

En definitiva, desde UGT se entiende como muy preocupante la decisión de la que venimos hablando, pues puede, fácilmente, ahogar el crecimiento y sostenibilidad de nuestro Puerto y una parte de la industria alicantina en un momento especialmente crucial para nuestra economía.

José Sagredo es secretario general de TCM en Alicante.