La ciudadanía de Ayora respalda con su firma la ILP para el Empleo estable y con Derechos en la mesa que UGT-PV València Sud e Interior
En la mañana del día de ayer se ha instalado una mesa en la Plaza Mayor de Ayora para dar a conocer y recabar su apoyo mediante la firma de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para el Empleo estable y con Derechos que presentan UGT y CCOO.
Los ciudadanos y ciudadanas de Ayora han acogido con satisfacción las explicaciones que desde la mesa se brindaban y han secundado en gran medida la propuesta.
La ILP es un texto articulado de Proposición de Ley con el que los sindicatos tratan de corregir los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma que no ha servido para crear empleo ni tampoco ha logrado mejorar su calidad. En los más de seis meses que lleva en vigor se ha reducido la contratación indefinida y elevado la temporalidad, todo lo contrario de lo que se pretendía con su aprobación.
Las reformas que contiene la ILP van dirigidas a:
- Reducción de la segmentación del mercado de trabajo (la brecha entre trabajadores fijos y temporales), favoreciendo el acceso y la permanencia a través de empleos estables y de calidad.
- Recuperar la causalidad del despido, con garantías para los trabajadores.
- Favorecer el empleo, especialmente de jóvenes y desempleados, así como fomentar la contratación estable a tiempo parcial y el contrato fijo discontinuo en los sectores donde la actividad es estacional y en los que, en estos momentos, se abusa de la temporalidad.
- Evitar el fraude en la contratación: combatir el abuso de contratos temporales estableciendo límites en caso de sucesión de contratos, así como una duración máxima de 2 años para los contratos de obra o servicio.
- Reordenar las medidas de flexibilidad interna, negociadas con sindicatos, para resolver problemas organizativos y productivos de las empresas, y con ello garantizar que no se recurra al despido como única alternativa para salir de la crisis.
- Potenciar los servicios públicos de empleo y restricción de la actuación de las ETT en sectores de especial peligrosidad y en las Administraciones Públicas.