El Responsable de la Sección Sindical de Justicia de FSP-UGT-PV ha advertido que la privatización del Registro Civil supondrá que los ciudadanos “tendrán que pagar dinero por recibir un servicio que hasta ahora era gratuito”

El responsable de Sección Sindical de Justicia de la FSP-UGT-PV, Santiago Alegre Vicente, ha presentado hoy una campaña contra el Proyecto de Ley que pretende privatizar el Registro Civil. Santiago Alegre ha denunciado que el Ministerio de Justicia pretende, con este Proyecto de Ley, cerrar los registros civiles y transferir la competencia de los trámites y certificaciones a los Registradores de la propiedad, lo que supondrá que “los ciudadanos tendrán que pagar un arancel al Registrador de la Propiedad como mínimo entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los usuarios”. Esto es darle en exclusiva un monopolio a los registradores de la Propiedad, que verán aumentados sus ingresos en un 1500%, puesto que cada persona que naciera, se casase, cambiase de estado civil o falleciera pasaría obligatoriamente por caja pagando el arancel correspondiente.

Además, Según ha explicado el representante sindical, este servicio público, que funciona desde 1870, “fue modernizado en 2011 con el gobierno socialista que decidió digitalizar todos los libros del registro, con una inversión de 129 millones de euros, que facilitaron el trabajo y mejoraron la calidad de este servicio”. Sin embargo, ahora, después de hacer esta inversión, el gobierno del PP pretende “regalar este servicio al ámbito privado sin ninguna justificación, ni práctica ni económica, solo para beneficiar a unos colectivos que debido a la crisis han visto mermada su capacidad económica”. De hecho, ha señalado que “lo que ha sido un servicio público para todos los ciudadanos va a acabar siendo un negocio para unos pocos”.

Ante esto, UGT ha criticado la política del Ministerio de Justicia de “desmantelamiento y privatización de la justicia”, ya que, “las tasas judiciales ha sido la forma con la que Gallardón ha pretendido acabar con el retraso de la justicia de la peor forma posible: impidiendo el acceso a la justicia a la clase media y, además, ahora también pretende privatizar el registro civil”. Así, ha denunciado que en la Comunitat Valenciana (según datos del anuario estadístico 2013 del INE), en 2011 se realizaron 108,672 inscripciones de matrimonio, nacimiento y defunción en los registros civiles, que a una media de 25 euros por trámite supondrían un montante de más de 2,5 millones de euros que pasarán a bolsillos privados. A esta cifra hay que añadir los miles de certificados y expedientes de nacionalidad tramitados cada día.

Por ello, UGT va a iniciar una campaña informativa con la finalidad de que la ciudadanía tenga conocimiento del coste que esta privatización del Registro Civil va a suponerle. Además de seguir, como hasta ahora, denunciando todos los recortes en los servicios públicos que está llevando a cabo el PP