Esta mañana ha tenido lugar la Jornada sobre responsabilidad social en la contratación pública , la cual ha estado inaugurada por Ismael Sáez Vaquero, secretario general UGT-PV, quien ha puesto de manifiesto la importancia de esta jornada para el conjunto de las federaciones, porque pone sobre la mesa aspectos que nos conciernen a todos, ya que pasa por defender los derechos de las personas trabajadoras a través de las clausulas de la nueva ley de contratos del sector público.

La jornada ha comenzado con la ponencia sobre “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Novedades y aspectos fundamentales: la inclusión de cláusulas sociales, la figura del rescate, la subrogación del personal, la intervención sindical”; la cual ha estado presentada y moderada por Mayte Montaner, secretaria de política sindical de FeSP-UGT-PV, quien ha hecho mención a los procesos de negociación para esta nueva ley y ha presentado al ponente de la misma, Francisco Casado Galán, Técnico del Gabinete Jurídico Federal de FeSP-UGT, quien ha detallado los cambios que contempla la nueva ley de contratos del sector público y la repercusión tanto económica de la misma como laboral para las personas trabajadoras. Para UGT, ha dicho, es importante a través de la misma y de la negociación de sus clausulas, de mejorar los servicios que recibe la ciudadanía y las condiciones de las trabajadoras y trabajadores que se ven afectados por esta nueva ley. Y por ello, ha dicho, UGT va a estar vigilante y presente en los procesos que se derivan de la misma.

La segunda intervención, ha estado a cargo del Conseller de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat Rafael Climent, quien ha estado acompañado por Lola Ruiz, Secretaria de Acción Sindical de UGT PV. Rafael Climent ha presentado la “Ley Autonómica para Fomento de la Responsabilidad Social” de la que ha dicho es el primer paso para enfrentarse a retos como la reducción de la desigualdad y la pobreza y la mejora de la productividad del tejido empresarial valenciano. Además he lanzado la idea de que las administraciones públicas deben promover que las empresas integren un nuevo modelo más responsable socialmente.

Posterior a la misma ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título: “La Ley para Fomento de la Responsabilidad Social. La incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Empresas y Administraciones socialmente responsables”, la cual ha contado con: Rubén Alfaro Bernabé, Alcalde de Elda y Presidente de la FVMP; y Clara Tirado, Diputada Corts PSPV-PSOE; y ha estado moderada por Luis Lozano, secretario general FeSP-UGT-PV.

En su intervención Clara Tirado, ha expresado que las empresas o son responsables socialmente o no pueden ser competitivas. En ese sentido ha dicho que esta es una ley vanguardista, la segunda de España después de Extremadura, que recoge aspectos como la defensa de los derechos humanos, la protección al medio ambiente, o la lucha contra la corrupción o la igualdad salarial. Por su parte Rubén Alfaro Bernabé, ha destacado en su intervención el papel que juegan los ayuntamientos en un tema tan importante como es el de la contratación pública.

Luis Lozano, como moderador de la mesa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de contar o no, con una política sancionadora, que vaya más allá del registro de empresas, que se inscriben voluntariamente, para poder sancionar a aquellas empresa que no cumplen, además de la necesidad de contar con los sindicatos para el desarrollo de la normativa. A ese respecto Clara Tirado ha expuesto que actualmente lo que la ley contempla es el principio de voluntariedad de las empresas que cumplen con los preceptos de la misma.

Por último la clausura del acto ha estado a cargo del President de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha destacado que esta ley garantiza los derechos de los trabajadores. Es necesario que la responsabilidad social se vaya capilarizando en la empresa, igual que levantar la “hipoteca reputacional” que en nuestra comunidad había estado por los suelos, ya que la mala reputación no genera empleo, sino confusión y dificultades a la hora de consolidar un sistema económico sano. Y por esto es por lo que ha estado trabajando este gobierno, por cambiar esta realidad, por ir reparando derechos y reconstruir económicamente nuestra comunidad y preparándola para un despegue y para su relanzamiento. Y todo con el objetivo del empleo, la redistribución de la riqueza y la justicia social y garantizar la igualdad en el acceso a unos servicios públicos de calidad.