La UPJP-UGT-PV exige a la administración la ampliación de la cobertura sanitaria en el zona norte de Valencia

Demanda que se apliquen coeficientes neutros a los prejubilados por eres, la agilización de la Ley de Dependencia y el incremento de las pensiones por debajo del umbral de pobreza

El Comité Nacional de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT del País Valencià ha aprobado una resolución en la que, entre otras cuestiones, se exige a la Administración que amplíe la cobertura sanitaria en la zona norte del área metropolitana de Valencia, después de las carencias observadas desde que se inaugurara la nueva Fe.

Asimismo, la federación de la UGT-PV demanda que se apliquen coeficientes neutros en los supuestos de personas prejubiladas provenientes de los Expedeintes de Regulación de Empleo, en lugar de los coeficientes correctores establecidos con carácter general. Así debería corregirse el tratamiento fiscal, aplicándoseles el tipo de gravamen correspondiente sobre la parte proveniente de la rentabilidad del capital y no, sobre la indemnización por despido, lo que modifica en su perjuicio el tipo de gravamen que se les aplica.

Junto a ello, la UPJP-UGT-PV denuncia la privatización de algunos servicios en los hospitales públicos, por cuanto sólo se busca el beneficio de algunos en detrimento de los muchos, máxime cuando para ello, se utilizan instalaciones, equipos y medios públicos, En este sentido, denuncia la situación de la sanidad pública y exige una atención coherente con los objetivos señalados en la Ley General de Sanidad y el fin de las listas de espera.

Además, la UPJP-UGT-PV reitera la necesidad de que se agilicen los trámites para la aplicación de la llamada Ley de Dependencia asignando los recursos personales, técnicos y económicos para evitar el doloroso esperpento de conceder prestaciones a los pocos días del fallecimiento de la persona dependiente.

Por último, la UPJP-UGT-PV solicita que se utilice el fondo de reserva de la Seguridad Social para actualizar las pensiones, de forma que las personas jubiladas y pensionistas puedan mantener el poder adquisitivo y que las pensiones existentes por debajo del umbral de la pobreza, tengan un incremento superior al IPC, tal y como contempla el artículo 50 de la Constitución Española.  

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