La UPJP-UGT-PV reclama al Gobierno que contemple al situación de los prejubilados y critica los recortes aprobados en las últimas fechas

La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT-PV ha reclamado al Gobierno, en su III Comité Nacional, máximo órgano entre congresos, que contemple específicamente, dentro del ordenamiento jurídico, la figura del prejubilado, máxime cuando es “un fenómeno que lejos de ira menos, irá a más en sectores como las comunicaciones, transportes, financieros, maquinaria industrial, etc.”

Asimismo, el III Comité Nacional de la UPJP-UGT-PV, calificó las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy como “decepcionantes y muy preocupantes” porque señalan un camino de recortes indiscriminado que, lejos de preparar la ruta de salida de la crisis, lo que hará será empobrecer más nuestro país.”

El III Comité considera insuficiente el incremento del 1% en las pensiones, que se traducen en 8 euros mensuales para una pensión media y critica el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, el incremento del IRPF, “que no deja de ser un parche” y la indefinición en materia sanitaria “donde prima el interés económico sobre el interés social, con el consiguiente deterioro de su calidad”.

De manera urgente, el III Comité aprobó una serie de peticiones, entre las que destacan, la necesidad de que las partidas para la Ley de Dependencia se mantengan en su valor real y que sean finalistas, el reconocimiento del sistema de servicios sociales sea reconocido como parte del sistema de protección social, el reconocimiento de los derechos subjetivos asociados a los mismos, la eliminación de la externalización de los servicios públicos, el pago de la deuda de las administraciones y la creación de un suelo de gasto que asegure un mínimo de calidad e igualdad en todas las Administraciones en sanidad, políticas sociales y dependencia para evitar que algunos servicios desaparezcan.

A continuación reproducimos, tanto la resolución del III Comité Nacional, como la resolución de urgencia aprobadas ayer en dicho Comité.

Resolución del III Comité Nacional de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT en el País Valenciano.

El Comité Nacional de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT en el País Valenciano (en adelante UPJP-PV), tras analizar la situación actual, constata que:

Cada día que pasa, estamos asistiendo a un incremento de Trabajadores de edad avanzada que dejan su puesto de trabajo para facilitar la supervivencia de la empresa, nos estamos refiriendo al colectivo conocido coloquialmente como PREJUBILADOS, estos trabajadores, en el mejor de los casos, complementan con su indemnización por despido, la cuantía de las percepciones periódicas que reciben hasta el momento en que llegan a la jubilación, en el mejor de los casos, ven compensado su sacrificio con una disminución sustancial de su pensión de jubilación, al aplicárseles los coeficientes reductores que están contemplados en la legislación con carácter general, a la vez que se les aplica el IRPF sobre parte de la indemnización por cese en el trabajo, es por ello, que pedimos a la Administración que estos supuestos estén contemplados de forma específica en nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuanto es fenómeno que lejos de ir a menos, irá a más en sectores como las comunicaciones, transportes, financieros, maquinaria industrial, etc.

Además de lo anterior, nos hemos visto sorprendidos, por la forma en que  el Gobierno a abordado  las medidas económicas.
1º.- Todo apunta a que las medidas en cuestión son un anticipo de las que se decidirán en el mes de marzo, con ocasión de la aprobación de unos nuevos PGE para 2012, si bien han tenido un calado mayor del que en principio se preveía. En conjunto, conforman un paquete de actuaciones decepcionante y muy preocupante.

Muy preocupante, porque señalan un camino de recortes indiscriminado que, lejos de preparar la ruta de salida de la crisis, lo que hará será empobrecer más nuestro país y recortar nuestras capacidades de reactivación y creación de empleo, afectando además a partidas e instituciones básicas de marcado carácter social, en especial las que afectan a los mayores: Sanidad, dependencia, pensiones, etc.,

Hay medidas profundamente injustas, que ponen de entrada en entredicho el talante social de este Gobierno. Entre las que podemos señalar las siguientes:

La subida del 1% acordada  para las pensiones, resulta insuficiente, teniendo en cuenta que la media de las previsiones de los principales analistas sitúa el aumento del IPC en 2012 en el 1,5% en media anual. Por tanto, de entrada, la revalorización puede conllevar una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del año. (La subida del 1% supondría tan solo 8 euros mensuales más en una pensión media).

Por otro lado, la subida en sólo un 1% resulta mucho más escasa para el caso de las pensiones mínimas. El Ejecutivo debería continuar con la senda de aumento proporcionalmente mayor de las pensiones de menor cuantía que realizó el gobierno anterior, para dignificar las rentas de estos más de 3 millones de pensionistas más desfavorecidos.

Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia (que por cierto, en su día voto a favor en las Cortes Generales) para nuevos beneficiarios, así como la reducción del gasto previsto para su desarrollo,  supone una actuación muy regresiva, en la medida que castiga precisamente a uno de los colectivos de personas con mayores dificultades, a quienes debido a sus problemas físicos precisan de la atención de un tercero para poder desenvolverse con normalidad en el día a día. Es un nuevo golpe al desarrollo del que debe conformarse como el cuarto pilar de nuestro estado de bienestar.

Por si fuera poco, en el  Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se contempla un incremento del IRPF, que no deja de ser un parche, y que en el mejor de los casos, anulara el escaso incremento de las pensiones, además autoriza un incremento del Impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que ya ha sufrido importantes incrementos en los últimos años, con lo que esta nueva subida tendrá un impacto muy perjudicial (y regresivo en muchos casos) sobre la capacidad de gasto de los mayores.

También nos preocupa, cuando al hablar de sanidad, señalan lo de universal y gratuita, pero sin indicar quien va a efectuar dicha prestación lo cual no es baladí, pues según quien sea el prestatario de la  sanidad,  será la calidad de la misma, y ello no es por los profesionales del sector, sino por que de seguir el modelo tan querido para los populares de privatizar los servicios, primará  el interés económico sobre el interés social, con el consiguiente deterioro de su calidad.

Por todo ello, la UPJP-PV pide a la Administración una rectificación que asegure tal como prevé nuestro ordenamiento constitucional unos servicios públicos universales y de calidad.

Resolución de Urgencia presentada al III Comité Nacional de la UPJP de UGT en el País Valenciano

Nuestro objetivo es exigir la garantía del cumplimiento de las leyes y de los derechos ciudadanos ante la actual situación de crisis y en particular los derechos de los colectivos más vulnerables, a tal efecto y para lograr lo anterior,

PROPONEMOS:

1. Que en los presupuestos del Estado para el año 2012, la partida de la Ley de Dependencia se mantenga en su valor real, incrementándola para ello en el IPC y que dichas partidas no se puedan utilizar para otros fines (partidas finalistas).

2. Que el sistema de servicios sociales, sea reconocido como una parte fundamental del sistema de protección social y sea financiado adecuadamente.

3. Que el gasto en servicios sociales sea considerado como inversión, ya que promueve la integración y el desarrollo humano a través del sistema de servicios sociales y la cooperación descentralizada, al tiempo que promueve el empleo y con él el crecimiento económico, a la vez que fomenta la participación ciudadana.

4. El reconocimiento de los derechos subjetivos asociados a los servicios sociales y la consecuente asignación de presupuestos reales para el ejercicio de dichos derechos sociales por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas.

5. Una nueva legislación que asegure la estabilidad financiera del sistema de servicios sociales y permita el desarrollo de políticas sociales de largo alcance y se elimine la externalización de los servicios públicos.

6. El pago de la deuda de las administraciones públicas y el aumento de los presupuestos destinados a servicios sociales y cooperación al desarrollo, ya que es precisamente en momentos de crisis cuando crece el número de personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

7. La creación mecanismos de interlocución eficaces  con las administraciones públicas para asegurar la protección a los colectivos más vulnerables.

8. Exigir a las administraciones, que potencie y que no elimine el actual modelo sanitario público basado en la universalidad y la gratuidad de las prestaciones, evitando su repago.

9. Que se priorice y se mantenga  la inversión  y  se ponga coto a la política privatizadora y se invierta en mejorar los recursos tecnológicos de la Sanidad Pública.

10. La oposición al cierre de servicios como: residencias de la tercera edad, hospitales, ambulatorios, etc., por falta de políticas sociales y financiación de las diferentes administraciones.

11. Que el Gobierno central legisle para implantar un límite gasto para asegure una mínimo de calidad e igualdad de competencias de todas las CCAA, en sanidad,  políticas sociales y dependencia para evitar que algunos servicios desaparezcan.

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