Consecuentes con la pandemia

Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV.
Creo honestamente que las organizaciones sindicales de clase en España, UGT y CCOO, a través del diálogo social con CEOE, con el Gobierno del Estado y, en el caso de la Comunitat Valenciana, con el Govern del Consell, hemos sido consecuentes con la crisis provocada por la pandemia. Pero antes de detallar ese comportamiento quisiera referirme a las consecuencias a las que nos hemos tenido que enfrentar: lo más evidente la enfermedad y la muerte, las restricciones de derechos básicos derivados del estado de alarma como la movilidad o el confinamiento, la paralización de la práctica totalidad de la actividad económica -excepto la considerada esencial- y la consiguiente caída del PIB, el aumento del déficit y la deuda públicas o el aumento del desempleo y el cierre de empresas.

También una crispación política que ha hecho saltar en pedazos aquellos primeros meses de unidad y aplausos a las 8 de la tarde. Muy pronto se empezó a fabricar una disyuntiva falsa: economía versus salud. Falsa porque, como se acaba de demostrar por quinta vez con la llamada quinta ola de la covid-19, si aumentan los contagios aparecen las restricciones a la movilidad, no del Gobierno de España, sino de la UE u otros países que ponen en riesgo la recuperación económica y la salida de la crisis de los sectores más castigados y más relevantes para la Comunitat Valenciana, como sin duda lo es la llamada industria turística.

Tomar conciencia de que esta crisis iba a ser intensa, pero mucho menos dañina que la padecida durante la Gran Recesión si conseguíamos que no se prolongara en el tiempo – y esto último dependía de la rapidez con que llegaran las vacunas-, nos llevó a poner en marcha los ERTE para congelar el empleo, sostener rentas y aliviar cargas a las empresas; también a sumarnos a las ayudas vía préstamos y subvenciones, o al establecimiento de prestaciones extraordinarias para un millón de autónomos. Los ERE han sido mínimos, se han reincorporado la inmensa mayoría de los trabajadores afectados por ERTE y el empleo vuelve a crecer con fuerza.

Sin embargo, todo ello no esconde un buen número de dramas personales ni la creciente desigualdad en nuestra sociedad. Pactamos el Ingreso Mínimo Vital, aunque estaba lejos de nuestras demandas, porque podía suponer un alivio a aquellos trabajadores y trabajadoras, ciudadanos españoles más afectados por la crisis, pero tal y como advertíamos su excesiva burocratización ha impedido el acceso a esta ayuda a un buen número de personas que la necesitan.

En nuestra Comunitat las medidas de apoyo a trabajadores y empresas han superado las aplicadas en otros territorios. Desde el principio UGT, CCOO y CEV acordamos con el Govern complementar las prestaciones por desempleo de los afectados por ERTE, establecimos ayudas para reducciones de jornada y logramos ponernos de acuerdo en qué sectores eran los más necesitados de atención. En total, más de 1000 millones de euros para lograr lo que desde UGT siempre hemos defendido: “si la sociedad le pide a una parte de la economía que paralice o ralentice su actividad en beneficio de la salud de todos, el resto debemos ser solidarios con ese sacrificio”.

En definitiva, hemos actuado en el marco del diálogo social con empresarios y Gobierno de manera responsable, anteponiendo la urgencia de la crisis y las necesidades de trabajadores y empresas a cualquier otra consideración oportunista, porque la legítima disputa política debe responder a modelos de propuesta en materia de empleo, economía, derechos individuales, impuestos, servicios públicos y un largo etc. de cuestiones, pero resulta inaceptable que el sufrimiento, la angustia y el temor provocados por la pandemia pretendan ser aprovechados, deslealmente con los intereses del país, para provecho propio.

También en este marco hay que valorar el acuerdo en materia de pensiones alcanzado con la CEOE. Ya sé que está lejos de lo que hubiéramos deseado, pero el consenso nos obliga a entender los argumentos de contrario y, sobre todo, a preguntarnos por las alternativas que presenta el desacuerdo. Basta con observar la agria reacción de la oposición para convencerse de que lo que se persigue es la confrontación, el cuanto peor mejor y no los verdaderos intereses de una sociedad que necesita hablar y entenderse. Por ello las organizaciones sindicales y la patronal debemos perseverar en el diálogo, porque la mejor manera de avanzar es hacerlo mediante el acuerdo, que no siempre es posible, pero que nos debe llevar a sentarnos en las mesas de debate con la intención de alcanzarlo.

La Comunitat Valenciana ha demostrado durante esta pandemia que ha sido capaz de construir un potente y productivo diálogo social. Un diálogo que ha dado sus frutos con el Govern, pero también entre CEV, CCOO y UGT de manera autónoma: El acuerdo de materias concretas suscrito entre patronal y sindicatos es un hito sin parangón que pretende estabilizar el empleo en aquellas empresas que trabajan para las distintas administraciones en la Comunitat Valenciana mediante el establecimiento del derecho a la subrogación. No es una declaración de intenciones, es una norma de obligado cumplimiento con efecto erga omnes y naturaleza de convenio colectivo. Un acuerdo que esperamos ir completando con nuevas materias referidas a planes de igualdad o prevención de riesgos laborales.

Estamos volcados con la oportunidad que los fondos europeos pueden ofrecernos para la mejora de nuestro modelo productivo y apoyando decididamente las propuestas que desde la Comunitat Valenciana se están formulando para captar el mayor número posible de aquellos. Defendemos la necesidad de inversiones en materia de infraestructuras, un nuevo sistema de financiación autonómica que nos haga por una vez justicia y una solución a la deuda acumulada que ni obedece al despilfarro ni a un mayor gasto en servicios esenciales por habitante, sino a la referida y secular infrafinanciación.

Somos consecuentes porque nos afanamos por preservar e incrementar el empleo, por dotarlo de estabilidad y calidad: con mejores retribuciones y mayor seguridad; porque proponemos que el factor trabajo, por su coste o precariedad, no sea determinante en la captación de inversiones y por ello reclamamos un Salario Mínimo Interprofesional en Europa equivalente al 60% en cada país de la Unión. El acuerdo en la OCDE para una fiscalidad mínima en el impuesto de sociedades debe tener su reflejo en el mercado de trabajo mundial y en sus salarios. Queremos una Comunitat Valenciana y una España más rica para hacerla mejor: disputando salarios, derechos e igualdad a empresarios y gobiernos.

 

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