El historiador británico Tony Judt cuenta en su libro Algo va mal, cómo la primera ministra Margaret Thatcher desarmó a los poderosos sindicatos ingleses como primer paso para desmantelar sin oposición el Estado de Bienestar y desmontar el derecho laboral que protegía a las trabajadoras y trabajadores.
Las consecuencias son fáciles de constatar hoy: la sanidad pública inglesa es de las peores del continente y las tasas universitarias son de las más elevadas, por poner dos ejemplos que afectan directamente al bienestar y futuro de las clases populares.

En España, a poco que hagamos historia, también podemos observar que el papel de los sindicatos de clase fue fundamental para establecer las bases, consolidar y defender nuestro Estado de Bienestar. Además, no hay que olvidar que fue la lucha obrera la que consiguió en el Estado español que las trabajadoras y trabajadores tuviéramos bajas por enfermedad, cobertura por desempleo, vacaciones, jubilaciones o salarios dignos... Por tanto, es evidente que también somos organizaciones a batir por parte de la clase dominante que ve en las instituciones públicas una posibilidad de negocio muy rentable. Y luego, si no va bien, siempre estará el Estado para ir pagando las facturas de las privatizaciones de seguridad, sanidad, educación o dependencia, como lamentablemente hemos visto que había empezado a pasar en nuestro país, cosa que hemos denunciado desde la responsabilidad y como parte de nuestra obligación. Lo que decía, somos muy incómodos a ciertos intereses, y por tanto, un objetivo a batir. Nada nuevo, por otro lado, en la Historia.

Y es que en los últimos años, la consolidación de las políticas neoliberales en nuestro país ha seguido la estela emprendida en los años 80 en la Inglaterra de Thatcher y en los EEUU de Reagan: acabar con el poder de los sindicatos. De hecho, la campaña de desprestigio que hemos sufrido, y sufrimos en España las organizaciones que representamos a los trabajadores y trabajadoras ha sido brutal, con la misma finalidad: destruirnos para facilitar la implantación de un capitalismo extremo, que nos está llevando a una sociedad donde las desigualdades son también cada vez más extremas.

Afortunadamente, gran parte de la izquierda política parece compartir este análisis, y de hecho, nos otorgan en sus discursos a los sindicatos mayoritarios este papel central en la defensa de nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho que es España. Por ello, nosotros, sabedores de ello, siempre hemos trabajado para que la izquierda y las fuerzas progresistas estuvieran gobernando en este país, y UGT.PV, en concreto, ha participado activamente para que el cambio fuera posible en esta Comunitat. Por tanto sorprende, por este motivo, que desde algunas instancias planteen que una de las primeras acciones esté encaminada a cuestionar la Ley de Participación Institucional, aprobada sin ningún voto en contra en las Cortes Valencianas, y que reconoce el trabajo que realizan los agentes sociales en más de 200 organismos que son fundamentales en la vida económica y social de este territorio, y en la que participan activamente más de dos centenares de sindicalistas de UGT.

No puedo estar más de acuerdo con la vicepresidenta del Consell cuando avaló la subvención de la Generalitat a los partidos y dijo que “la democracia es cara, puede ser, pero la falta de democracia es mucho más”. Pues eso, pero la democracia no es algo exclusivo de los partidos, los sindicatos mayoritarios hemos luchado mucho para traerla, y seguimos luchando mucho para mantenerla, y por tanto queremos que se nos considere como iguales. Siendo además que los dos sindicatos mayoritarios representamos a casi el 80% de las trabajadoras y trabajadores en nuestra Comunitat

Gonzalo Pino Bustos
Secretario General UGT PV