Si realizamos un balance de los veinte años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), podemos calificarla como Ley de Éxito, puesto que  fue fruto del consenso de todos los agentes implicados en la transposición de la Directiva Marco Europea al acervo jurídico español, para luchar contra los altos índices de siniestralidad laboral que padecíamos en los 90.

La LPRL superaba la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, que ponía el acento en la atención al accidentado, pasando de un modelo reactivo a uno preventivo que debía integrarse en todas las actividades del proyecto empresarial.  Otra de sus grandes victorias fue su aplicación al conjunto de empleados y empleadas de las administraciones públicas carentes de regulación al respecto hasta el momento.
Desde UGT-PV entendemos la LPRL como ejemplo de un sano ejercicio democrático, una ley con estructura sólida, resultado del consenso político y social, y desarrollada desde el diálogo social y la negociación colectiva. La única manera de plantear actuaciones encaminadas a la aplicación de políticas en materia de prevención de riesgos laborales.
Las claves para su implantación, además del desarrollo normativo del momento, se debieron a la puesta en marcha de planes de acción nacionales y autonómicos a través de los órganos tripartitos (Estrategias de Seguridad y Salud); al incremento en las acciones formativas e informativas; y a la participación de trabajadores y sus representantes en el ámbito de la prevención.
Cabe destacar también el papel de asesor de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social; los planes de acción preferente en los que las mutuas y los técnicos del INVASSAT centraron sus actividades en las empresas de mayor siniestralidad; la creación de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral; y el trabajo desarrollado desde la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Valenciana de la Prevención. Esfuerzos que se vieron recompensados con una tendencia clara y progresiva de la reducción de la siniestralidad laboral, sobre todo durante el periodo 2001 - 2012.
Evidentemente el marco contextual ha cambiado tras 20 años y hoy el escenario económico no es el mismo. Con la crisis, vinieron los recortes, la reforma laboral de 2012, la precarización del mercado de trabajo y la falta de inversión de las empresas en materia de prevención de riesgos, poniendo en peligro los avances conseguidos.
Y es que la estructura productiva ha sufrido modificaciones importantes desde entonces, donde el sector servicios se amplía en detrimento de la Agricultura, Industria y Construcción y paralelamente los riesgos también han cambiado. Actualmente son menos los trabajadores expuestos a “riesgos tradicionales”, y prevalecen otros emergentes, relacionados muchos con las nuevas formas de organización del trabajo, (como los riesgos psicosociales), las nuevas tecnologías o la utilización de sustancias con efectos aun desconocidos para la salud.
Por ello las cifras actuales son muy negativas. Cada día mueren en España dos personas en accidente laboral y 67 son víctimas de enfermedades relacionadas con el trabajo. En esa línea UGT-PV plantea, para frenar este ritmo, varias cuestiones que pasan por mirar atrás y aprender de los procesos y a partir de ahí acometer la derogación de la reforma laboral y velar por el cumplimiento de lo negociado en materia de salud laboral en el Tercer Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva.
A partir de ahí son muchas las propuestas: Debemos poner en valor la figura del delegado de prevención territorial y/o sectorial que de cobertura a PYMES y microempresas (está demostrado que donde hay representación sindical hay mejores condiciones de trabajo). Además, es necesario actualizar el cuadro de Enfermedades Profesionales e incorporar nuevas patologías, como los cánceres de origen laboral; Mejorar las fuentes de información y mejorar la identificación de colectivos, actividades y empresas con riesgo; Mejorar la inversión en I+D+I en materia de salud laboral y riesgos emergentes; Eliminar la mercantilización del sector derivada de las últimas reformas normativas, como la Ley de Mutuas y la venta de las sociedades preventivas por poner algún ejemplo; Lograr mayor coordinación entre las administraciones públicas implicadas para mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo; Y aplicar la normativa actual sobre salud laboral…
De hecho todo ello va dirigido a conseguir la implantación de una verdadera cultura preventiva en las empresas, que permita mejorar su competitividad con plenas garantías para los trabajadores.
En definitiva, apostamos por avanzar hacia un escenario de consenso y hacia la coparticipacion entre empresarios y trabajadores en la gestión de prevención de riesgos laborales, contando con la implicación de los poderes públicos y con la dotación de recursos económicos, materiales y personales. Básicamente aprender del proceso de implantación de la antigua Ley de Prevención y actualizarlo a las necesidades de hoy.

Marisa Baena
Secretaria de Acción Sindical de UGT-PV