Por Marisa Baena

Tras años de reducción de la siniestralidad laboral estamos asistiendo a un preocupante cambio de tendencia al alza que para UGT-PV es una consecuencia más de la actual precarización del mercado de trabajo: largas jornadas sin respetar los descansos obligatorios, equipos de trabajo inadecuados, utilización de sustancias químicas cuyos efectos se desconocen, ritmos de trabajo elevados, alta rotación de contratos de tan corta duración que impide garantizar los derechos de información y formación en los riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa; y así un largo etcétera de riesgos laborales que se materializan en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que provocan la perdida de la  salud y en ocasiones de la vida.

Disponemos desde hace 20 años de una extensa normativa en prevención de riesgos laborales que, a través de la negociación colectiva ha ido adaptándose a las peculiaridades de cada uno de los sectores de actividad, dando como resultado una más que probada eficacia en la medida que ha ido siendo acreditado su cumplimiento.
Es posible que en estos años no se haya logrado la verdadera cultura preventiva que preconizaba la Ley, pero estábamos en la buena dirección, hasta que se impuso por parte del gobierno del Partido Popular una reforma laboral tan agresiva como regresiva y que ha dejado a millones de trabajadores y trabajadoras desprotegidos de sus derechos laborales y de su derecho a la salud.
A todo ello hay que añadir otras reformas recientes como la Ley de Mutuas, que prima los intereses económicos frente los derechos a la protección social y a la recuperación de la salud de las trabajadoras y trabajadores enfermos, ahora denominados absentistas , o la venta de las sociedades preventivas de las Mutuas a grandes grupos privados, desnaturalizando la vigilancia de la salud en el trabajo que está pasando a convertirse en un mecanismo de control empresarial y de ajuste de plantillas.   
Por eso no solo exigimos la derogación de estas normas al objeto de que se restituyan nuestros derechos, sino que  instamos a que se incrementen los controles públicos que garanticen el cumplimiento de la norma, como la propuesta que recientemente  desde UGT-PV elevamos al Presidente de la Generalitat Valenciana en relación a la lucha contra el fraude y la economía sumergida   para que se establezca la coordinación necesaria entre el Cuerpo de la Policía  Autonómica  y la Inspección de trabajo para acabar con la actual situación. Propuesta que fue aceptada y que desarrollaremos junto a otras medidas como la Estrategia Valenciana de salud y seguridad laboral con el resto de agentes sociales en la mesa de dialogo social durante los próximos meses.
Dado que en los centros de trabajo en los que hay presencia sindical existen mejores condiciones de trabajo, es necesario extender la presencia de los delegados y delegadas de prevención a la totalidad de las empresas. La Comunitat cuenta con un tejido productivo en el que el 95,8% son microempresas que no disponen de representación legal de los trabajadores, es por lo que queremos establecer la figura del delegado de prevención territorial y/o sectorial, con el objetivo de asegurar los mismos niveles de protección que al resto de trabajadores

Y para ello los trabajadores y trabajadoras de esta Comunitat debemos responder colectivamente afiliándonos a sindicatos fuertes, democráticos y comprometidos como UGT que luchan para la creación de empleo de calidad y recuperación de los derechos, para conseguir una igualdad real en las relaciones laborales y para rescatar a las personas ampliando la protección social y los servicios sociales.

Marisa Baena, Secretaria de Acción Sindical de UGT PV