Unión General de Trabajadores del País Valenciano

25 de marzo de 2008

La Ley que entró en vigor el pasado día 22 de marzo debe hacer disminuir la exclusión social

UGT-PV reclama a la Generalitat celeridad en la aplicación efectiva de la Ley de Renta Garantizada La UGT-PV reclama a la Generalitat Valenciana celeridad en la aplicación efectiva de la Ley de Renta Garantizada que entró en vigor el pasado 22 de marzo, ya que permitirá que aquellas personas que no dispongan de medios económicos para mantener una adecuada calidad de vida puedan recibir una prestación económica, mientras realizan un itinerario de inserción socio-laboral.

Desde la UGT-PV exigimos que se desarrollen las medidas oportunas para que estas situaciones sean cada vez menores, y que la Ley de Renta Garantizada sea una medida complementaria, que se aumenten los centros de atención y de acogida y que se aumenten los presupuestos para permitir que el dinero destinado a prestaciones y servicios para disminuir la exclusión social sea cada vez mayor.

El pasado 22 de marzo entró en vigor la Ley de Renta Garantizada de la Comunitat Valenciana, una ley que garantiza un derecho a aquellas personas cuya situación económica y social les impide llevar a cabo una vida en condiciones dignas. Según un estudio publicado por Cruz Roja “Estudio de la Vulnerabilidad Social”, el 19% de los españoles y las españolas viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la Comunitat Valenciana refleja la misma situación, con un 19,6% de la población por debajo del umbral de pobreza relativa, o, lo que es lo mismo, uno de cada cinco valencianos vive con menos de 565 euros mensuales.

La situación más grave, es la que viven aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema y que padecen un alto riesgo de exclusión social, que sufren dificultades en cuanto al acceso al empleo y que en un 8,8% de los casos vive en la calle. Dentro de este último grupo debemos resaltar que sólo un 3,8% recibe la Renta Mínima de Inserción, la más específica para personas con problemas de integración y que otro 5% vive de las distintas pensiones no contributivas. Con ello, el ingreso mínimo de las personas sin hogar es de 301,59 euros al mes según el INE.

Por otra parte, el grupo más numeroso (supone un 42%) en riesgo de pobreza cumple el siguiente perfil: mujeres extranjeras, jóvenes, cualificadas, sin ingresos. Nos encontramos pues, ante una feminización de la pobreza, donde las mujeres se concierten en un colectivo vulnerable sufriendo una mayor tasa de riesgo (el 20,8% en contraposición con los hombres, cuya tasa es del 19%). De hecho en los últimos años ha aparecido un nuevo sector de población dentro del colectivo inmigrante que sufre pobreza y riesgo de exclusión.

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