5 de agosto de 2008

Con ello la Conselleria de Bienestar Social evita crear una una red pública de servicios y convierte la excepción del pago de prestaciones económicas en norma

Una de cada tres prestaciones reconocidas no corresponde al catálogo establecido en Ley Dependencia La UGT-PV, tras conocer los datos con fecha 31 de julio hechos públicos por el IMSERSO, sobre el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, denuncia que una de cada tres prestaciones reconocidas por la Conselleria de Bienestar Social en la Comunitat Valenciana no corresponde al catálogo de servicios que establece la conocida como Ley de Dependencia, en concreto de las 25.019 prestaciones reconocidas en dicha fecha, 18.012 son prestaciones “sin especificar”, lo que representa un 72% del total.

Esto viene a reflejar que, en la Comunitat Valenciana, las personas en situación de dependencia y sus familias no están siendo atendidas conforme deberían por la Conselleria de Bienestar Social. Es más, hasta el momento estas 25.019 personas que están recibiendo prestaciones en la Comunitat, representan solamente el 7,6% del total de valoraciones realizadas en toda España.

Según los datos del IMSERSO, cuya fuente es la Conselleria de Bienestar Social, ninguna persona en situación de dependencia tiene concedido en la Comunitat el servicio de Teleasistencia, lo mismo sucede con la Ayuda a Domicilio, prestaciones de servicios fundamentales para las personas en situación de dependencia que no desean abandonar sus domicilios.  Por otra parte, solamente 580 personas reciben prestación de servicios en Centros de Día; 34 más que en los datos ofrecidos el pasado 2 de junio, mientras que 6.424 personas han visto reconocida Atención Residencial, es decir sólo nueve personas más desde la última estadística del IMSERSO.

 A la vista de estos datos, la UGT-PV considera que el verdadero motivo por el que se está produciendo esta situación en la Comunitat Valenciana, es que no hay voluntad política de crear una red pública de servicios para estas personas y sus familias, y, para ello se convierte la excepción del pago de las prestaciones económicas, que cubren mínimamente el coste del cuidado, en una norma generalizada, una situación que viene a sumarse a la larga espera de estas personas para ser valoradas, lo que deriva en la aceptación de prestaciones económicas, en lugar de prestaciones de servicios, debido a que muchas personas o sus familias desconocen que tienen derecho a negociar qué tipo de prestación quieren recibir.

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