22 de agosto de 2008

¿Cómo y quien paga la Ley de Dependencia? Elvira Ródenas Sancho Cuando estamos a menos de seis meses de que se cumplan dos años de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, todavía gran parte de la ciudadanía, sigue sin tener claro quien y  cómo se financian los servicios y prestaciones que esta ofrece, lo que, sin duda, está dejando a oportunistas y especialistas de la confusión para marear la perdiz, en un juego de decir verdades a medias, para culpar a otros de la dejadez e ineficacia  en su implementación.

Esta situación, es especialmente grave en la Comunitat Valenciana, donde desde el principio la UGT-PV viene denunciando la ambigüedad en los mensajes y actuaciones que se dan desde la Conselleria de Bienestar Social, cuando no deberíamos decir abiertamente que se ha producido un boicot más o menos acentuado, según las necesidades del guión político de la confrontación con Madrid y de las justas reclamaciones que la ciudadanía ha realizado en distintos foros, desde la calle hasta los juzgados.

Desde la UGT-PV, organización pionera en la demanda de la promulgación de dicha Ley, consideramos que su puesta en marcha, merece más seriedad y respeto por parte de las personas responsables en la gestión de la cosa pública. Hablamos de establecer los mecanismos necesarios que garanticen una información precisa y adecuada sobre la aplicación de la ley y  dar cobertura a un derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos que garantice atención y cuidados a las personas en situación de dependencia, es decir, hablamos de generar las infraestructuras y los recursos profesionales de calidad necesarias  y eso  somos conscientes que no es fácil, y que no puede ser de la noche a la mañana, pero es necesario ir haciendo camino y aquí, en la Comunitat Valenciana no se están dando los pasos en esa dirección, ni mucho menos.

Por ello, es preciso hacer una labor pedagógica, explicando, de manera clara, cómo se financia el desarrollo de la Ley, para saber quién está detrás de los retrasos, de las cortapisas que la implementación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está teniendo en la Comunitat Valenciana.

Según la propia Ley, la financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, por ello el Gobierno Central se ha comprometido a aportar más de 12 mil millones de euros hasta 2015. En este sentido, hay que recordar que el Estado, financia íntegramente la cobertura básica común para toda España, por ejemplo unos 250 euros para los grandes dependientes. En un segundo nivel de financiación, se establecen convenios con cada Autonomía para cofinanciar las prestaciones de servicios que se derivan en su territorio y cada una, Estado y Comunidad ponen la misma cantidad. Por último hay un tercer nivel, el llamado nivel adicional que corresponde a las autonomías que desean incrementar las prestaciones a los ciudadanos que viven en ellas.

Ahora bien, el Estado, tal y como establece la Ley de Dependencia, a mi modo de ver de manera acertada, fomenta a que el SAAD priorice la prestación de servicios profesionales y de calidad, como la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche, la tele asistencia, las plazas residenciales o servicios profesionalizados, antes que las prestaciones económicas para que sea la propia familia, en su mayoría mujeres mayores de 45 años, las que se ocupen de la atención y cuidados. De esta manera, el Estado beneficia a las autonomías que están mostrando verdadero interés en profesionalizar los servicios y establecer una red de recursos públicos y aquí eso no se está dando.

Y es que, además de la importancia en su vertiente social, el SAAD debe de ser un yacimiento importante de empleo, cualificado y de calidad como también establece la ley, sin olvidar la liberación que supondrá para miles de mujeres valencianas, que desde siempre se han encargado del cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia y que por ello no sólo no pueden acceder al mercado laboral, si no que en demasiadas ocasiones se ven obligadas a abandonarlo, sin nombrar las secuelas físicas, lesiones lumbares, etc., y psicológicas que sufren por el cuidado continuado de estas personas que no pueden realizar las funciones básicas de la vida diaria.

En la Comunitat, sin embargo, la Conselleria de Bienestar social prefieren aprobar prestaciones económicas, nada menos que el 72% del las personas beneficiarias de la aplicación de la ley, lo que claramente quiebra el principio de que las prestaciones de servicios deben de ser prioritarias.

En fin, habrá que decirlo de manera clara, usted y yo, todas las personas que vivimos y pagamos los impuestos, directos e indirectos, somos quienes estamos financiando la aplicación de la Ley de la Dependencia. Ahora bien, son las instituciones representativas quienes finalmente gestionan el dinero, que no lo olvidemos,  el de todas y todos y es a las personas que gobiernan a quien hemos de exigir que lo gestionen pensando en el bien común y no en los intereses privados, que también los hay.

¿Cómo y quien paga la Ley de Dependencia? Elvira Ródenas Sancho Firmado: Elvira Ródenas Sancho, Secretaría de la Mujer y la Igualdad de la UGT-PV.

0
0
0
s2smodern