1 de febrero de 2008

La vocal del CGPJ, María Ángeles García, señala en el III Congreso de Salud Laboral de la UGT-PV que es preciso reformar el Código Penal para criminalizar a las personas jurídicas

La segunda jornada del III Congreso de Salud Laboral de UGT-PV ha dejado de manifiesto la necesidad de una mayor implicación y coordinación de todos los poderes públicos en el objetivo común de velar por el cumplimiento de las leyes en materia de siniestralidad laboral. En este sentido, la vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles García ha sido contundente durante su intervención en la mesa redonda titulada ‘Nuevos instrumentos en la lucha contra la siniestralidad laboral’, al decir que en España “existe aún la responsabilidad penal del siglo XIX para empresas y delitos del siglo XXI”.

Al respecto, la magistrada ha incidido en la necesidad de efectuar una reforma del Código Penal donde se pueda criminalizar a las personas jurídicas, ya que en la actualidad la legislación no contempla esta figura, al tiempo que ha mostrado su convicción de que “hay que perseguir contundentemente a los empresarios delincuentes”. García considera factible y necesario la publicidad de las empresas sancionadas, como un derecho de los ciudadanos frente a las empresas que incumplen la legislación en prevención de riesgos laborales. Por otra parte, la vocal del CGPJ ha lamentado la demora con la que llega la resolución judicial de los delitos relacionados con salud laboral y ha explicado que la media en la Comunidad Valenciana es de cinco años y dos meses, mientras que en España es de algo más de cuatro años y siete meses.

La magistrada dice que “hay que mejorar los instrumentos que existen, ya que España sigue estando a la cabeza en el número de accidentes laborales”. Una de las propuestas que han salido de la mesa redonda combatir con más contundencia esta lacra es “incrementar el número de inspectores”, según ha afirmado Jaime Gil Rubio, el fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral del Tribunal Superior de Justicia de la CV. Rubio ha apuntado que “mientras en Europa hay un inspector por cada 12.000 trabajadores, en España hay uno por cada 20.000”. En la mesa redonda también han participado Alejandro Patuel, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Valenciana y José Antonio Redorat, secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, quien se ha mostrado receptivo a la hora de incorporar a la Policía Local en tareas de Policía Judicial en los casos de accidentes de trabajo.