12 de mayo de 2006

 Trabajar con seguridad es uno de los derechos básicos de los trabajadores que merece mayor protección y, a la vez, uno de los más conculcados; cada año en la Comunidad Valenciana se producen miles de accidentes laborales que, en 2005, fueron la consecuencia directa de la muerte de más de un centenar de personas, lo que significa un aumento de cerca del 40% respecto a 2004. En 2006 y, según las últimas estadísticas de la Generalitat, las perspectivas no son nada halagüeñas, puesto que en los dos primeros meses del año, de nuevo, se produce un aumento interanual en los accidentes mortales que se cifra en casi un 30%.

Lo cierto es que son muchos los factores que convergen en la producción de un accidente laboral, factores diversos y dinámicos que multiplican la complejidad del problema, pues la propia evolución del mundo laboral así lo indica. Por poner un ejemplo, no se requiere la misma formación y conocimientos en la manipulación de productos químicos en la actualidad que hace quince años. Por ello, en la UGT-PV sabemos muy bien que la sociedad nunca debería permitirse el lujo de obviar esta realidad, o que se quiera dejar dentro de un cajón como si de un problema irresoluble se tratara. En este sentido, no cejaremos en nuestra responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores, ni mucho menos permitiremos que quienes tienen la responsabilidad en cada uno de los accidentes laborales que se producen en la Comunidad Valenciana intenten eludirlas.

Porque en la cuestión de las responsabilidades que se derivan de los accidentes laborales, hay dos actores que por su propia naturaleza están llamados, quieran o no quieran,  a ser los protagonistas de la lucha contra la siniestralidad laboral; me refiero a las administraciones y a los empresarios. En buena lógica, ni uno ni otro pueden negar su parte de responsabilidad, los empresarios porque organizar la producción significa algo más que controlar horarios, productividad y eficacia, significa también cerciorarse de cada uno de los trabajadores utiliza debidamente los elementos de protección y seguridad necesarios en cada momento de su jornada laboral. Pero lo cierto es que, en demasiadas ocasiones, se dan justificaciones como las que hemos podido escuchar en una cuña publicitaria de la patronal valenciana, que sinceramente atentan contra la dignidad y profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras y eso no es tolerable.

Por su parte, las administraciones tienen la obligación de hacer cumplir la ley, que ellas mismas promulgan y castigar a los infractores de la normativa allí donde son competentes. Pero en concreto la administración autonómica parece no estar muy interesada en combatir con todas las armas a su alcance la siniestralidad laboral. Digo esto porque, en caso contrario, no se explica la demora que se está produciendo en la creación del cuerpo de 60 técnicos en seguridad laboral y prevención de riesgos laborales, previstos en el desarrollo y actualización del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, cuyo coste está previsto en los presupuestos de este año. Pero ya estamos en mayo y la única explicación que hemos recibido es que no se sabe cuándo entrarán en servicio, ni se tiene la previsión de su incorporación en el corto plazo, lo que pone de manifiesto una falta de coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Valenciano, sin que el presidente de la Generalitat ponga orden entre éstas.

Por último, no quisiera terminar estas reflexiones sobre la lacra personal, social y económica que supone la siniestralidad laboral sin hacer mención a la estructura del mercado de trabajo que influye de manera clara en el desarrollo del trabajo con seguridad. En concreto, la altísima temporalidad que reflejan las estadísticas genera un escenario donde es más fácil que se produzca un accidente laboral. La experiencia nos dice que existe una relación inversamente proporcional entre antigüedad y accidentes, no solamente porque la persona adquiere mayor pericia en el desarrollo de sus funciones, sino porque a ver quien es el valiente que se atreve a demandar todas las medidas exigibles a la empresa, cuando su relación laboral puede cortarse por ese motivo en la próxima renovación de su contrato. Una cuestión que nos conduce a afirmar que los centros de trabajo sindicalizados son los centros de trabajo más seguros, puesto que en ellos es más difícil hacer creer a un trabajador que riesgos laborales evidentes son asumibles.

 

Firmado: Rafael Recuenco Montero,
secretario general de la UGT-PV.