7 de junio de 2006

En menos de una semana tres trabajadores pierden la vida, mientras la administración valenciana mantiene bloqueada la creación del cuerpo de inspectores recogidos en el PAVACE. La UGT-PV exige por enésima vez al Gobierno de la Generalitat Valenciana que cumpla con los compromisos adquiridos con los agentes sociales y económicos, en materia de siniestralidad laboral, ya que los retrasos en la creación del cuerpo de 60 inspectores del Cuerpo del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevista en la renovación del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), está generando un clima de cierta impunidad que está perjudicando claramente la seguridad y salud en los centros de trabajo de la Comunidad Valenciana.

 De hecho en apenas cinco días, tres trabajadores han fallecido víctimas de un accidente laboral en la Comunidad Valenciana, dos de ellos por sendas caídas de altura y el tercero por aplastamiento, con lo que según los datos que ha recopilado la UGT-PV se elevan, al menos a 41, los muertos por accidente laboral que se han producido en la Comunidad desde que se iniciara el año.

 Desde la UGT-PV nos preguntamos qué espera la Generalitat para habilitar este cuerpo de inspectores, cuando la partida presupuestaria para este año está aprobada y la realidad nos muestra que de seguir así este año superaremos las cifras del año pasado, cuando murieron 102 personas en su puesto de trabajo en la Comunidad Valenciana.

 Para la UGT-PV es innegable que, con este cuerpo de inspectores a pie de calle, visitando centros y lugares de trabajo se podrían evitar un número considerable de accidentes, pero lo que es más importante se daría un mensaje claro contra el abuso de aquellos que anteponen beneficios y demás miserias, a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras a su cargo.

 Por último, aunque no menos importante, la UGT-PV reclama del colectivo de empresarios valencianos un incremento en las labores de vigilancia y control de las condiciones de trabajo, ya que, salvo el propio trabajador, nadie saldría más beneficiado de la generalización de la seguridad en los centros de trabajo de la Comunidad Valenciana que ellos mismos.